Un articulo que expresa con claridad un punto de vista que comparto de pe a pa.

Pablo Sebastian que en principio no tiene ningún punto ideologico comun conmigo dice lo mismo que digo yo, opina en la misma dirección que los españoles sensatos y  es consciente de que España va a la deriva y que o se remedia o todos los pasaremos muy mal .

El estado autonómico esta en entredicho y hay que reconvertirlo en una España aceptable y para todos, Esta España autonómica es un disparate

Nota biográfica

El Manantial

Primero hay que hacer recortes en la política

Pablo Sebastián

Este Gobierno no puede iniciar una segunda oleada de ajustes, recortes, impuestos y reformas de gran incidencia social si no incluye en todo esto y en primer lugar el gasto de la política, de los políticos, de las instituciones, organismos y empresas públicas tanto estatales, como autonómicas y municipales. No se le puede pedir más sacrificios a la ciudadanía si los políticos no empiezan por ellos mismos dando un ejemplo de civismo y moralidad que hasta el momento brilla por su ausencia. O incluso por su inmoral comportamiento como el que se desprende de la amnistía fiscal para los defraudadores y delincuentes, indultos a los políticos que fueron condenados por corrupción, vista gorda sobre banqueros con responsabilidades en la quiebra del sistema financiero que ahora debemos pagar entre todos, etcétera.
No se pueden subir impuestos como el IVA, ni subir la edad de jubilación ni emprender más ajustes de orden social, sin que antes no se haga la gran reconversión y el ajuste de todas y cada una de las administraciones del Estado. Si el Senado no sirve para nada, como es el caso, se suprime, y mientras tanto no puede seguir tal y como está derrochando dinero público en un indecente sistema de traducción simultánea entre españoles, despreciando la lengua del Estado para dar gusto a los nacionalistas que desprecian y que maltratan el idioma castellano en sus respectivas autonomías. Y ese es solo un ejemplo que clama a cielo del despilfarro nacional.
Y lo mismo con las radios y televisiones autonómicas, ruinosas y manipuladoras al servicio de los caciques -ahora a favor del PP en la mayoría de los casos-, y contrarias a la democracia. Estos entes públicos o son rentables o se han de cerrar ¡ya! E igual ha de ocurrir con cerca de 3.000 ayuntamientos, de los más de 8.000 que existen, o las diputaciones, o cientos de empresas públicas nacionales, regionales e incluso municipales que están en quiebra, así como toda clase de centros públicos y organismos, muchos de ellos duplicados o triplicados en el Estado.
Y al fondo de todo ello está el gran despilfarro nacional, el cáncer de las Comunidades Autónomas y el propio modelo autonómico del Estado, crecientemente insolidario y en casos contrario a la cohesión nacional. Esto no puede continuar como está, porque como dice Rajoy, hasta la saciedad, no podemos gastar más de lo que se ingresa, lo que es verdad. Pero Rajoy ha que empezar por los ajustes, reformas y recortes de los políticos, la clase política, los partidos y las instituciones, las empresas y los organismos del Estado. Y de manera especial en el ámbito autonómico. Ahí está la reciente declaración del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, con su propuesta para que el Estado recupere la Justicia como competencia nacional.
Cosa de la que hasta ahora no hemos oído decir nada al Gobierno de Rajoy y del PP, precisamente porque es el PP el que disfruta en este momento de la gran ocupación de los cargos públicos a nivel estatal, autonómico y municipal, y da la impresión que no quiere perder esos privilegios y el clientelismo político que les regala. Tal y como antes ocurría con el PSOE, que también calla sobre todo esto (aún les quedan bastantes parcelas de poder), un asunto espinoso del que solo habla UPyD.
Pero si el Gobierno protege por un lado a los defraudadores de la Hacienda pública, a los banqueros abusadores y a los políticos de la corrupción, y no reduce a fondo los gastos de la política y de las demenciales y variadas administraciones del Estado, y vuelve a meter la tijera en el gasto social (impuestos, jubilaciones, etc.), si vamos por ese camino ya transitado la revuelta social llegará armada de razón y de justa indignación.
Lo acabamos de ver en el incendio de Valencia, ayuntamientos, diputaciones, Comunidad Valenciana, Gobierno central y todos ellos juntos y por separado no han podido con el fuego arrasador que ha calcinado 50.000 hectáreas. Un fuego que ya forma parte de la negra serie de incendios que se suelen repetir todos los años por estas fechas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y ¿qué hacen los políticos y todas estas administraciones? Fracasar y luego dar excusas y exhibir su descoordinación e incapacidad para prevenir y frenar el ataque del fuego abrasador que lamentablemente ya no tiene arreglo y seguramente volverá con igual o mayor voracidad.