domingo, 14 de mayo de 2023

¿Cuándo volverá España a respetarse a sí misma?

 Este articulo de Fernando del Pino Calvo Sotelo deberia ser reproducido por todos los españoles serios en todos los medios a su alcance

¿Cuándo volverá España a respetarse a sí misma?

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

12 de mayo de 2023

Mi penúltimo artículo echaba un jarro de agua fría sobre quienes esperan que un posible cambio de gobierno frene el declive de España. En él argumentaba que las causas de dicho declive trascendían el daño causado por los vándalos que nos gobiernan hoy y apuntaba al abuso de las debilidades del régimen del 78 por parte de los partidos políticos como una de las principales causas del deterioro del país. Sin embargo, no es la única.

En efecto, otra de las razones de nuestra crisis nacional es la falta de autoestima del ciudadano español, quien, proclive a una autocrítica enfermiza y a la exaltación desmesurada de todo lo foráneo, ha interiorizado esa concatenación de falsificaciones históricas llamada “leyenda negra”. Paradójicamente, una nación milenaria cuyo Siglo de Oro fue descrito por el historiador francés Hipólito Taine como “un momento superior de la especie humana” sufre un complejo de inferioridad que le lleva a admitir el maltrato sin rechistar.

El último ejemplo ha sido un tal Petro criticando “el yugo español” la víspera de venir a España y ser aplaudido en el Congreso y recibido por el rey. Un país que se respetara a sí mismo habría reaccionado ipso facto e incluso pospuesto el viaje, pero el problema no es sólo que estemos acostumbrados a recibir desprecios sin inmutarnos, sino que parte de nuestra antipatriótica clase política opina lo mismo que el necio colombiano.

La leyenda negra

Al igual que un árbol sin raíces, ninguna nación sobrevive sin referentes históricos, pues son éstos los que unen a sus ciudadanos alrededor de un tronco común y de una identidad compartida. Precisamente por ello, los enemigos de España nos han robado sistemáticamente todo referente histórico. Entre éstos están los nacionalismos periféricos que germinaron tras la pérdida del Imperio; débiles e impopulares hasta épocas bien recientes, ellos sí son conscientes de la importancia de estos referentes, reales o inventados.

Pero el mayor daño producido a nuestra autoestima tiene su origen en una secular campaña de difamación iniciada por la anglicana Inglaterra y la calvinista Holanda en el s. XVI y XVII por razones geopolíticas y religiosas y continuada, más tarde, por la Ilustración francesa, la masonería y el ateísmo marxista. Todos ellos están unidos por su común animadversión hacia el catolicismo, pues para ellos el pecado imperdonable de España es haber sido el país católico más importante del mundo. En efecto, la fobia a la religión católica conduce a la fobia hacia España, cuya historia está tan inextricablemente ligada al catolicismo (desde el 589 d. C.) que, sin él, aquélla resulta ininteligible. Por ello, aunque es posible que España sobreviva sin su tradicional identidad católica, es seguro que no podrá hacerlo con una identidad anticatólica.

El odio al catolicismo de la extrema izquierda española quedó de manifiesto en el genocidio católico, cometido durante el Terror Rojo en los primeros compases de la Guerra Civil, cuando más de 7.000 sacerdotes, religiosos y monjas y miles de laicos inocentes fueron sádicamente asesinados en pocos meses por el mero hecho de ser católicos, la mayor persecución de cristianos de todo el mundo desde tiempos de Diocleciano.

La leyenda negra ha ido desvirtuando los grandes hitos de la Historia de España. Por ejemplo, la Reconquista ha sido desprestigiada mediante el invento de una dorada “convivencia de las tres culturas” que oculta el apartheid intermitentemente violento al que la minoría musulmana tuvo sometida a la mayoría cristiana. Asimismo, se ha querido opacar el sentido identitario-religioso de la Reconquista resaltando las luchas intestinas entre reinos cristianos que salpicaron nuestro medievo.

Otro hito despreciado ha sido la Guerra de Independencia (1808-1814), en la que Napoleón sufrió su primera derrota de manos de un ejército regular y en la que el pueblo español (con el oportunista apoyo de nuestro adversario inglés) expulsó de nuevo al invasor. Particularmente notable fue la resistencia y victoria del pueblo gallego, que diezmó a las tropas francesas. Años después, y ya en el exilio, Napoleón lamentaba que esa “maldita” guerra de España había sido “la causa primera” de su caída.

La prueba de que la aversión al catolicismo puede más que el patriotismo es que la invasión de la Francia hija de la sangrienta Revolución (fracasada, por cierto, hasta la “Tercera” República, casi un siglo más tarde), sigue siendo vista por algunos como una lucha del progreso y la razón frente al retrógrado oscurantismo católico. Este sesgo perceptivo hace la vista gorda ante la barbarie de las tropas invasoras para con la población civil y la irreparable devastación que causaron en nuestro patrimonio nacional, con tantas iglesias, monasterios, bibliotecas y cementerios profanados, saqueados, quemados y vandalizados por los ilustradísimos franceses. Dicho eso, resulta elocuente que Napoleón, tan genio como psicópata, y cuya megalomanía arrastró a la muerte a millones, pueda mantener una ostentosa tumba en los Inválidos de París sin que a ningún trastornado se le ocurra exhumarle.

La extraordinaria conquista de América

No obstante, el hito más relevante de la Historia de España ha sido el descubrimiento y conquista de América. Aun hoy causa admiración la hazaña de Colón, Cortés, Pizarro y tantos otros que, con un puñado de hombres recios, llevaron la civilización a todo un continente[1].

En efecto, cuando España llegó al Nuevo Mundo se encontró con una sociedad primitiva que no conocía el arado o la rueda (inventada 6.000 años antes) ni el arco de medio punto. Comparen la basta arquitectura precolombina con la majestuosidad de los templos griegos y romanos o la belleza de las iglesias góticas y renacentistas, los templos de Chichen Itzá con la catedral de Santa Sofía en Constantinopla o San Pedro en Roma, o el tosco arte maya con Botticelli, Tiziano o Leonardo o la perfección del David de Miguel Ángel.

¿Dónde estaban los equivalentes de Aristóteles, Séneca, Shakespeare, Cervantes o Sto. Tomás de Aquino de aztecas e incas? La realidad es que España llevó la cultura europea heredera de la filosofía griega, del Derecho romano y de la maravillosa religión cristiana a una sociedad bárbara, distópica y caníbal, en la que decenas de miles de personas eran sacrificadas anualmente mientras la mayoría de la población vivía semi esclavizada. Puede decirse que España “liberó” el continente (en acertada expresión del argentino Marcelo Gullo[2]) liderando la sublevación local contra un reinado del terror y permitiendo un salto de civilización como nunca había conocido la Historia. Naturalmente, los conquistadores no eran ángeles y cometieron abusos, injusticias y atropellos consustanciales a la naturaleza caída del hombre (¿qué conquista, qué época y qué país está libre de ellas?), pero el balance final es indiscutiblemente extraordinario.

Para España la llegada a América supuso no sólo el descubrimiento de una tierra ignota, sino “el descubrimiento de sí misma, de sus cualidades y señas de identidad[3]”. Aunque el afán de riqueza fue una realidad (en algunos casos, fruto de una ambición legítima y, en otros, de una codicia desenfrenada), España no se limitó a extraer oro y plata, sino que compartió lo mejor de sí misma. El primer hospital fundado en Méjico (el Hospital de Jesús) fue construido en 1521 y aún sigue funcionando como tal, la primera escuela se abrió en 1523, la primera Universidad en 1553 y el primer diccionario español-náhuatl se publicó en 1555.

El trato a los indios fue objeto de serios debates antropológicos y jurídicos, desde la gran Isabel la Católica, cuya humanitaria defensa de los indios es bien conocida, a las leyes de Burgos de 1512 (reconocedoras del derecho a la libertad y a la propiedad privada de los indios) y el Edicto de Carlos I en 1530, que prohibió taxativamente cualquier tipo de esclavitud. Esta legislación, precursora de los derechos humanos, fue enormemente adelantada a su tiempo, aunque no siempre la realidad en la lejana América fuera fiel al espíritu y letra de la ley.

Finalmente, y al contrario que otras potencias, los españoles se mezclaron con la población local sin prejuicio racial alguno (yo mismo provengo del matrimonio de Joaquín del Pino, Virrey de Río de la Plata, con Rafaela de Vera, dama criolla oriunda de Santa Fe).

Comparemos la conquista española con la inglesa

Comparen esto con lo que hizo Inglaterra y la Compañía de Indias Orientales en la India: desde 1599 y durante casi 250 años se dedicaron en exclusiva a rapiñar y saquear todo lo que pudieron sin mezclarse con la población nativa ni crear una sola escuela, hospital o universidad hasta bien entrado el s. XIX[4]. De hecho, etimológicamente la palabra “loot” (saqueo, en inglés) procede de una palabra hindi de idéntica pronunciación.

La superioridad moral de la conquista española frente a la de otras potencias europeas puede defenderse con datos concretos. Cuando Méjico se independizó en 1821 tras tres siglos de dominio español, su PIB per cápita era sólo un 25% inferior al de España (habiendo llegado a superarlo en períodos anteriores), su tasa de alfabetización era sólo un poco inferior y su esperanza de vida era muy parecida[5].

Por el contrario, cuando la India se independizó de Inglaterra en 1947 tras más de tres siglos de presencia inglesa, seguía siendo un país paupérrimo y analfabeto: su PIB per cápita era la décima parte del de Inglaterra (un 90% inferior), sólo un 12% de sus habitantes sabían leer y escribir (frente a un 95% de ingleses) y su esperanza de vida era de 32 años, frente a los 69 de Inglaterra[6].

La realidad es que los dos grandes creadores de la leyenda negra, Inglaterra y Holanda acusaron a España precisamente de lo que hacían ellos, como ya denunciara Cadalso en sus Cartas Marruecas en 1789. En efecto, con una cultura obsesionada con el dinero, ambos países se centraron en maximizar el rendimiento comercial de sus conquistas con absoluta dejación de funciones como vector de civilización o de evangelización. De hecho, sus conductas pudieron en ocasiones calificarse de genocidas (en Sudáfrica, India, Indonesia o Tasmania), como las de EEUU con la población india.

¿Cuándo volveremos a respetarnos?

Por último, cabe señalar que la Transición reforzó la duda sobre la legitimidad de nuestro pasado. En efecto, sus protagonistas identificaron la defensa de legado histórico de España con el franquismo y quisieron hacer creer que el Big Bang de nuestro país había tenido lugar el 6 de diciembre de 1978 y que ésa era la única gesta de nuestra historia que merecía celebrarse. Como atestiguó un asombrado Julián Marías, el Partido Socialista tenía ya en aquella época una visión negativa de la historia de su propio país (¿se imaginan al director del Museo Sorolla teniendo una mala opinión de la pintura de Sorolla?) y muchos líderes de la Transición provenientes de la dictadura quisieron deshipotecarse renunciando a la defensa de la verdad. Sobre cimientos tan endebles, ¿cómo pensaban los artífices del régimen del 78 que iba a levantarse una construcción sólida y duradera?

Cabe preguntarse qué significa hoy ser español. ¿De qué nos sentimos orgullosos como nación? ¿Del folclore, del fútbol, del tenis, de la comida? ¿Esto es todo? ¿De verdad no encontramos nada más profundo de lo que enorgullecernos? No debe sorprendernos, por tanto, que esta España maltratada y deprimida adolezca de una duda identitaria que es como un cáncer que nos carcome. No nos respetamos a nosotros mismos y, por tanto, no nos respetan los demás. Ni siquiera nos respeta nuestra antipatriótica clase política, que actúa como el zorro puesto a cargo del gallinero. Esto explica su abusivo parasitismo, su ignominiosa salvación política y moral de ETA (del PSOE y PP por igual) cuando ésta había sido derrotada por la Guardia Civil o la sospechosísima subordinación de Sánchez a Marruecos, hecho que sólo ha encontrado un amortiguado impacto mediático y el bostezo de la vaga oposición. ¿Cuándo volverás a respetarte a ti misma, España? ¿Cuándo te verás en el espejo como realmente eres?

[1] Imperiofobia, Mª Elvira Roca Barea, Siruela 2016, y Fracasología, de la misma autora, Espasa 2019
[2] Madre Patria, Espasa 2021, y Nada por lo que pedir perdón, Espasa 2022
[3] La Maravillosa Historia del Español, de Francisco Moreno Fernández, Instituto Cervantes 2017
[4] The Anarchy, del historiador escocés W. Dalrymple, Bloomsbury 2019
[5] The World Economy: Historical Statistics, Angus Maddison 1998.
[6] Global life expectancy by region 1820-2020 | Statista


 

 

 

lunes, 3 de abril de 2023

Víctimas del odio. La memoria silenciada 1936-39

 

Víctimas del odio. La memoria silenciada 1936-39» de Luis Alberto de la Guía Escobar: la más aterradora verdad jamás contada

DEL ESPAÑOL DIGITAL

 https://www.elespañoldigital.com/victimas-del-odio-la-memoria-silenciada-1936-39-de-luis-alberto-de-la-guia-escobar-la-mas-aterradora-verdad-jamas-contada/


Por José Piñeiro Maceiras

31/03/2023 Historia

NOTA.- Hay libros que pasan desapercibidos porque… son silenciados. Porque no se quiere que lo que cuentan, todo ello incuestionable como resultado de una ardua labor de investigación, se sepa. Este es el triste y sangrante caso de «Víctimas del odio. La memoria silenciada 1936-39» de Luis Alberto de la Guía Escobar. Para enmendar tamaña injusticia, reproducimos el Prólogo que lo adorna cuyo autor es nuestro querido y admirado colaborador José Piñeiro Maceiras. No lo duden y compren el libro (AQUÍ); es, también, un deber de justicia.

Conocí al autor de esta monografía en Madrid, cuando un servidor cursaba ya segundo de carrera. Era el otoño de 1981 y el autor de la obra que hoy prologamos acababa de iniciar el primer curso de Derecho, enseñanza que según el Plan de 1953 comprendía cuatro asignaturas básicas: Derecho natural (filosofía y sociología), Historia del Derecho, Historia e Instituciones del Derecho romano y Derecho político. Curiosamente, las disciplinas que mayor influencia han tenido en la formación jurídica de Luis Alberto de la Guía. Y me explico: aparte de destacar en la Universidad en tales asignaturas, el autor ha publicado varias obras que poseen el espíritu, siquiera latente, de aquellas enseñanzas universitarias ideadas en 1953: principalmente, la legislación histórica, la filosofía y la historia política. En cuanto al Derecho Romano y sus típicas instituciones de Derecho civil, me permito significar que Alberto, después de concluir de modo brillante sus estudios de Derecho, se enfrascó como algunos licenciados de entonces en la difícil aventura de las oposiciones de Notarías; y durante varios años como ocurrió con alguno de nosotros. Con todo, el Derecho posee otro tipo de retos y vertientes, como es el caso que ahora nos ocupa: precisamente, la investigación histórica, en íntima conexión con las leyes, los delitos y las instituciones estatales de cada momento.

En cualquier caso, de aquella época universitaria, que recuerdo con añoranza o saudade como decimos los gallegos, quisiera hacer notar al lector dos características significativas: en primer lugar, el excelente plantel docente que nos instruyó, poseyendo incluso diferentes sensibilidades sociales; y, por supuesto, la etapa pacífica y alegre que nos tocó vivir en las aulas y fuera de ellas. Pues bien, de todos los profesores de Penal, Civil, Político, Canónico, Internacional, Mercantil, Fiscal, Procesal, Administrativo, etc. quisiera detenerme en el desaparecido catedrático de Historia del Derecho, Ramón Fernández Espinar, infatigable investigador de las instituciones hispanas y maestro del Colegio Universitario Cardenal Cisneros hasta 1983. No exagero al indicar que, tanto Alberto como yo, nos quedamos perplejos al observar el enorme material de consulta que suponía el estudio de su asignatura, superior en volumen al resto de las materias del primer curso; desconocíamos, por entonces, que un investigador histórico tiene que tener a su disposición múltiples documentos y tratados para efectuar un diagnóstico correcto del pasado. Ni que decir tiene que nuestro interés por la investigación (1) tiene en Fernández Espinar una de las causas remotas de nuestros trabajos actuales.

Por aquel entonces, la tragedia de la guerra civil era una cuestión que no preocupaba a la sociedad de la llamada Transición; ni siquiera a las minorías más radicalizadas. Y he de decir que tampoco
había despertado gran interés en la etapa del tardofranquismo que llegué a conocer. Eso sí, se celebraba la efeméride del 20 de noviembre por los caídos, cuya asistencia era voluntaria y sin trascendencia social; convocatoria anual que solían organizar las instancias locales del Movimiento que, en aquella época, constituían meros organismos públicos, similares a las dependencias autonómicas del presente, pero sin tantos funcionarios ni asesores políticos. En fin, la guerra de 1936-1939 tenía entonces la misma importancia que el que ahora puedan tener las anteriores guerras civiles del siglo XIX: un interés exclusivamente histórico y anecdótico; nunca político ni, mucho menos, de rentabilidad electoral o control social.


 

Como corroboración de lo expuesto, he de indicar que tanto Alberto como su hermano Miguel nunca nos comentaron el dramatismo que supuso para su familia la guerra civil en Campo de Criptana; y eso que coincidimos en las aulas con un estudiante cuyo pariente había sido pasado por las armas en Paracuellos del Jarama, siendo menor de edad. Personalmente, me enteré de dicha desgracia muchos años después, concretamente en la primavera de 2010, cuando varios antiguos alumnos decidimos reunirnos en la capital de España. Por entonces, ya se advertía el modo sui géneris adoptado en la aplicación práctica de la Ley de Memoria Histórica de 2007: desmonte apresurado de placas bélicas, ataque vandálico de monumentos conmemorativos y abandono de los mismos por las autoridades obligadas a darles protección, al formar parte del Patrimonio Histórico Español.

En realidad, se ha cometido fraude de ley en numerosos casos y ocasiones, ante la complacencia y desdén de corporaciones, partidos, sindicatos y pléyades. Motivado por tal despropósito, Alberto tenía pensado investigar la represión frentepopulista en el territorio de La Mancha, así como también el averiguar por qué sus antepasados militaron en la Falange histórica. Le animé a ello y fruto de aquel compromiso es la obra que ahora me complace prologar.

El libro presenta tres partes esencialmente diferenciadas: un análisis de la Ley de Memoria Histórica, partiendo de la tradicional dicotomía entre Derecho natural y derecho positivo, a fin de comprender las tentaciones totalitarias de las novedosas democracias absolutas; un estudio pormenorizado de la represión izquierdista, practicada en La Mancha entre 1936-1939, mostrando algunas de sus características más reseñables; y, por último, un epílogo-prontuario sobre la violencia de la Falange fundacional.

Poco cabe añadir a lo expuesto por el autor, en lo que concierne a la mentada Ley de Memoria Histórica; únicamente que parece haberse descubierto la piedra filosofal de la corrección política. Es decir, un eficaz instrumento de limpieza ideológica con dos velocidades divergentes: por un lado, se solemniza la conducta y el sufrimiento de la izquierda frentepopulista, con hagiografías de sus
personajes históricos; y por otro, se minimiza y hasta se demoniza el proceder y el dolor del bando contrario, denigrando de paso la biografía de sus personajes más relevantes.


 

Casa de Campo de Madrid, Octubre de 1936, frentepopulistas jactándose de su maquinaria asesina

Con tales antecedentes, la sinrazón ha llegado hasta el punto de tratar de importar para nuestro país el modelo de las polémicas comisiones de la verdad; sistema que, como es sabido, procede del
Cono Sur, y que ha llevado a transmutar parte del peronismo argentino, transformando el movimiento justicialista histórico en un mero colectivo justiciero, todo ello por inanición, imprudencia o rédito electoral.

Con todo, si lo que se barrunta en sede parlamentaria, como objetivo primordial de algunos diputados y senadores para esta legislatura, terminara por fructificar en un texto legal, un sudario de silencio caería sobre la España que va desde 1939 a 1975, imposibilitando de facto el análisis histórico de dicho periodo, hasta el punto de que no podría comentarse ninguna referencia positiva de aquel régimen político fenecido sin temor a sufrir denuncias o expedientes sancionadores, con lo que habríamos alcanzado un nivel parecido al de la China maoísta de los años sesenta o, mismamente, al de la URSS de 1930. Lo dicho puede parecer a priori una exageración, pero lamentablemente el fanatismo no suele tener límites, si no encuentra una oposición fuerte que le salga al paso.

 


Pues bien, si se llegase a tales extremos, podría ocurrir que el autor de este libro no pudiera publicarlo, ni ningún otro, porque no hallaría editor que quisiera sufrir eventuales persecuciones; pero es que ni siquiera podría referir en público aspectos tan livianos, como el recordar las academias profesionales de Derecho, creadas por el SEU en 1945 para que empleados y personas sin recursos pudieran estudiar la Licenciatura de Derecho en horario nocturno, pues ello pudiera debilitar el sistema político actual, del mismo modo que argumentaba el Código penal de la Rusia soviética (2) en la década de los treinta. Esperemos, no obstante, que la sinrazón política no llegue tan lejos y que reine la cordura y la prudencia.

Pues bien, ante tal tesitura, cabría preguntarse cómo hemos podido llegar hasta esta coyuntura tan confusa como arbitraria. Sin embargo, no puede alegarse extrañeza cuando para explicar este fenómeno sociológico basta con aludir al recuento sistemático que de la represión de los vencedores en la guerra y posguerra se inició en 1982 (pueblo a pueblo, comarca a comarca o provincia a provincia), sin que se hiciera otro tanto en el territorio que ocuparon las tropas republicanas o las partidas guerrilleras. No hubo respuesta, empero, por parte de la derecha política, hasta el punto de que hoy día pueden contarse multitud de monografías de aquella naturaleza, mientras que las publicaciones que tratan in extenso la represión izquierdista han sido muy escasas en los últimos cuarenta años, cuando el número de víctimas mortales generado entre 1931-1951 se aproxima a las cien mil almas. No caben, pues, lamentaciones.

Con todo, la responsabilidad por dicho desdén no es atribuible exclusivamente a la derecha política del momento presente. En absoluto; ya en los años sesenta, una parte de la nueva élite del
régimen de Franco había olvidado la tragedia de la contienda.


 

Como botón de muestra, permítanme relatar la anécdota ocurrida con el intelectual y futuro ministro franquista, Gonzalo Fernández de la Mora, y uno de los personajes más siniestros de la guerra civil, me refiero al socialista Segundo Serrano Poncela. Como es sabido, este periodista fue uno de los encargados del orden público en Madrid durante noviembre de 1936, siendo responsable directo de las sacas de las cárceles madrileñas en dirección a las zanjas de Paracuellos, así como el instigador de la embajada ficticia de Siam, con el fin de capturar a los cientos de disidentes madrileños que huían de la persecución desatada por las milicias del Frente Popular. Pues bien, el 23 de mayo de 1963, Gonzalo Fernández de la Mora publicó una crítica elogiosa de Serrano Poncela en el diario ABC, como escritor en el exilio, que motivó la protesta de un alto empleado de la Causa General, remitiéndose una nota al periódico madrileño en la que se recordaba la conducta criminosa del socialista referido. No obstante, la política sectaria de la Memoria Histórica ha permitido que en la actualidad nadie se acuerde del proceder delictivo de Serrano Poncela, pero sí, en cambio, que se retiren las placas conmemorativas de las inauguraciones que, como ministro de obras públicas, presidió Fernández de la Mora en la década de los setenta: entre otras, la mejora del Puerto del Manzanal de diciembre de 1973. En fin, nos encontramos con una especie de justicia reparadora, pero al revés, parafraseando a Serrano Suñer.

En virtud de lo expuesto, el libro de Alberto de la Guía ha de catalogarse como atípico y necesario. Evidentemente, se trata de una investigación que huye de la corriente historiográfica en boga, pero cuya difusión resulta altamente recomendable por motivos estrictamente morales, al configurarse también como reivindicación histórica para todas aquellas miles de víctimas, que, siendo masacradas en la retaguardia izquierdista, aún permanecen en el mayor de los olvidos.

Fue habitual exhumar cadáveres de religiosas y exponerlos en la vía pública

Por lo demás, no puede hablarse siquiera de una cifra definitiva de fallecidos a causa de las persecuciones políticas desatadas en la zona controlada por la izquierda de 1936-1939. De hecho, el comisario de policía Comín Colomer precisaba en 1952 que todavía no podía saberse la mortandad generada por los revolucionarios y eso que los trabajos de la Causa General estaban prácticamente concluidos. Y, en 1961, el general Díaz de Villegas sostenía lo mismo en cuanto al número total de víctimas, pero no descartaba que pudieran rondar las doscientas mil defunciones, cantidad que Comín Colomer consideraría acertada al final de su vida según la confirmación del editor Vasallo de Mumbert en 1978. Entonces ¿fueron esos los números exactos del holocausto rojo? No podemos asegurarlo, por más que en conformidad con las anotaciones plasmadas en la Causa General el número de fallecidos supera los 85.000 óbitos investigados. Pues bien, sobre este infinito cementerio, se sabe que las provincias más castigadas fueron Madrid, Barcelona, Valencia y Asturias. Le siguen, en número de decesos, las de Toledo y Ciudad Real, con más de nueve mil muertes violentas contabilizadas en su territorio, sin explorar aún sus infernales simas donde yacen cientos de esqueletos. Por lo demás, en el resto de Castilla-La Mancha, el número provisional de víctimas se aproxima mucho a las cuatro mil bajas, incluyendo los miembros de las Brigadas Internacionales eliminados por los agentes de André Marty.

En cualquier caso, creemos que el cómputo definitivo de ajusticiados por el frentepopulismo en la pasada guerra civil no puede cerrarse de forma definitiva mientras no se sepa la causa de la
muerte de los miles de soldados abandonados por el Ejército de la República en su retirada.

Pues bien, en lo que Ciudad Real respecta, poco puede precisarse a lo escrito por de la Guía Escobar en el libro que tenemos en nuestras manos. Únicamente, que la represión siguió el mismo patrón que en el resto de la Península controlada por las tropas del Gobierno. A saber, funcionamiento inmediato de comisiones de vigilancia e investigación en las poblaciones importantes, dirigidas por los partidos y sindicatos del Frente Popular junto con algunos policías extremistas; es decir, las conocidas popularmente como checas y la constitución en los pueblos y villas de comités locales entre los miembros principales de los partidos y sindicatos izquierdistas. Todos estos organismos represivos tenían potestad para efectuar detenciones, registros, ejecuciones, incautaciones y saqueos; o al menos nadie se la discutía. La creación posterior de los Tribunales Populares perseguía la legalización de esa represión política, pero a la postre ni siquiera la suprimió. En cambio, el Ejército republicano llevó a cabo una represión más bélica, más sometida a la norma de la época, pero la introducción en su seno de la figura moscovita del comisario político propició que las ejecuciones sumarias abundaran entre los soldados y oficiales. Los martirios y vejaciones fueron numerosos no sólo en La Mancha, sino también en toda la zona roja.


 

De hecho, en el norte, se han contabilizado violaciones y hasta alguna crucifixión en territorio asturiano, asaltos a prisiones seguidos de ejecuciones extrajudiciales en Vascongadas y por supuesto
lanzamientos de personas vivas al mar Cantábrico. Por lo demás, la sustracción de caudales públicos y privados fue una característica muy común en la represión norteña de naturaleza marxista-
separatista, destacando la apropiación de diez millones de pesetas por el socialista Neila en su huida de Santander o la incautación de fondos bancarios y mercantiles por parte de las autoridades vascas del PNV. Ni que decir tiene que la persecución religiosa también alcanzó cotas pavorosas en Asturias, Santander, León o incluso en territorio vasco con docenas de asesinatos y múltiples destrozos perpetrados en bienes muebles e inmuebles de importancia histórico-artística.

Esta imagen y la siguiente corresponden al crimen de Granja de Torrehemorsa. Entre otras barbaridades estuvo la violación de esta niña y de varias mujeres antes de ser asesinados

Con todo, lo que ha caracterizado la represión frentepopulista en la provincia de Ciudad Real ha sido el ensañamiento con que se procedió, en concordancia con el primer avance de la Causa General, editado por el Ministerio de Justicia en 1943. Y como botón de muestra basta con mostrar la vileza de un asesinato perpetrado en el término de Alcázar de San Juan en septiembre de 1936. Pues bien, en la madrugada del día dieciséis, un grupo de milicianos detenía al joven Antonio Santos Montes, miembro de Acción Católica y devoto de la Adoración Nocturna, siendo asesinado al día siguiente en el paseo del cementerio, previa extracción de los ojos en vida. He de decir al respecto, la información que me trasladó un habitante de dicha localidad hace más de cuarenta años. Me refiero a don Eduardo Moreno de Castro (1901-1983), funcionario de telégrafos, quien conoció en primera persona la revelación de un inquietante secreto por parte de un antiguo miliciano que estaba perdiendo la vista terminada la contienda: había sido uno de los partícipes en el homicidio de Antonio Santos, si bien había logrado sustraerse a la acción de la Justicia. No se trataba de un martirio desconocido, pues Antonio Santos está actualmente en proceso de beatificación y lo relatado no puede interpretarse como un caso aislado en la denominada violencia revolucionaria, salvo que queramos negar la evidencia. De hecho, en la provincia limítrofe de Cuenca, fueron conocidas las razias sanguinarias del vecino de Tarancón, Emilio Sánchez Bermejo, responsable de la muerte de más de seiscientas personas. De hecho, el grupo de confianza de este individuo fue el ejecutor directo de innumerables civiles y religiosos en la circunscripción conquense, comenzado por el prelado de la Diócesis. No obstante, Sánchez Bermejo sería hecho prisionero por las tropas franquistas en el transcurso de la contienda y sometido a la jurisdicción militar, siendo condenado a la última pena por el consejo de guerra pertinente, habiendo sido acusado de practicar el canibalismo con alguna de sus víctimas, tras someterlas a ultrajes y tormentos horrorosos. Por ende, ante estas barbaridades y crueldades no debieran hacerse comparaciones con las penas impuestas por los tribunales militares, por muy duras que fueran, pues aquéllos fueron constituidos con arreglo a leyes existentes antes de estallar el conflicto. Y es que en este punto no debemos olvidar que, a finales de 1935, el mismo Largo Caballero había sido declarado inocente por un consejo de guerra, tramitado por su participación en la revolución de 1934, merced a la brillante defensa conducida por el penalista Jiménez de Asúa en el mencionado juicio castrense. Y tampoco hay que atribuir estas atrocidades a un bestialismo primitivo subsistente en la sociedad manchega, habida cuenta que en el partido judicial de Alcázar de San Juan la persecución izquierdista produjo más de setecientas defunciones en la primera mitad del siglo XX; pero, cien años antes, apenas se contabilizaron 31 delitos de homicidio en todo el partido, según el Diccionario geográfico-estadístico de Pascual Madoz en 1843, cuando los índices de analfabetismo eran obviamente superiores. De hecho, los tormentos terroríficos infligidos a las mujeres de Campo de Criptana guardan parangón con las barbaridades cometidas por los milicianos marxistas contra aquella familia de féminas masacrada en Granja de Torrehermosa (Badajoz), violadas y muertas a hachazos aun siendo menores de edad, o contra las jóvenes enfermeras astorganas martirizadas e igualmente ultrajadas en Somiedo (Asturias) y sobre las que hablaremos próximamente. Existió, por tanto, una persecución anárquica y cruel, pero diseñada o tolerada desde los centros del poder político, una vez que comenzaron las hostilidades bélicas, habida cuenta que la protección de prisioneros y civiles en revueltas y guerras intestinas no estaba aún contemplada por el Derecho internacional; lo estaría tras el Convenio de Ginebra de 1949. Ni siquiera los ministros frentepopulistas accedieron a conceder a las tropas rebeldes la condición de beligerantes, pues ello hubiera implicado la aplicación en territorio patrio de las leyes y costumbres de la guerra entre naciones civilizadas (3). En consecuencia, puede hablarse de responsabilidad -no sólo moral- achacable a una porción considerable de dirigentes frentepopulistas, en lo que respecta a la génesis de esa violencia revolucionaria, pues tales personajes poseían una aceptable cultura y gozaban de un amplio prestigio entre sus masas de seguidores. El mismo Presidente de la República era un letrado de los Registros y del Notariado, un cuerpo de élite de la Administración que ya por entonces había adquirido una fama fundada de honorabilidad y sabiduría, incompatible con tanto asesinato y pillaje como estaban ocurriendo: en consecuencia, Azaña debería haber dejado el cargo presidencial tras la conquista del norte peninsular por las tropas nacionales, lo que hubiera permitido que desapareciera de la cúspide de una estructura política que había cobijado toda suerte de enormidades y latrocinios, mejorando así la imagen de la República.


 

Con todo, la renuncia repentina de Azaña a seguir siendo presidente en febrero 1939, colapsó definitivamente la zona izquierdista, propiciando que los restos de algunas unidades del derrotado Ejército de la República se refugiasen en los montes, tras la victoria del 1o de abril, iniciándose así un peculiar combate contra el bandidaje y las células guerrilleras que generó un grave problema
de orden público en los territorios afectados. Pues bien, en la zona de la Mancha pulularon algunas partidas conocidas de bandoleros como las capitaneadas por el socialista huido José Gómez Recio, alias Quincoces, o por Joaquín Ventas, Chaquetalarga, que sembraron el terror en las comarcas más aisladas de la región hasta que pudieron ser reducidas por las tropas de la Guardia Civil tras años de persecución; sobre todo en las provincias de Toledo y Ciudad Real.

Entre todas ellas, destaca por su ferocidad, la banda dirigida por José Méndez Jaramago, un ugetista de la localidad ciudadrealeña de Agudo, que dio rienda suelta a sus depravaciones sexuales, con varias violaciones terribles en su haber, según los datos policiales de la época. No hay duda que fue una época de silencio para los sufridos habitantes de las zonas rurales, quienes soportaron con resignación el saqueo y la violencia impuestos por los maquis hasta que la Benemérita pudo liberarlos de tal pesadilla. Y ya que estamos tratando el aspecto agrio de la violencia política, me permitirá el lector que comente alguna particularidad más en relación con la última parte del libro de Alberto de la Guía.

El vendaval de violencia arrecia con el advenimiento de la II República mediante el incendio de templos y edificios públicos, decidiendo algunos grupos políticos armarse por su cuenta; tal decisión preventiva no fue iniciativa exclusiva de ningún partido o sindicato. Mismamente, el socialismo comenzó a distribuir entre sus grupos de acción armas cortas que clandestinamente el lucense Enrique Puente las hacia traer de Europa por vía férrea. Igualmente, sus militantes recibían en ocasiones remesas de armas largas que transportaban con la ayuda de vehículos pesados y turismos camuflados, según refiere el policía Maurico Carlavilla; lo que no fue obstáculo para que el tráfico de armamento se intensificara entre los activistas de las Juventudes Socialistas, disponiendo incluso de modernas pistolas ametralladoras.

Por su parte, la UGT también estaba armada y hasta los sindicatos gallegos de ideología socialista, como Traballadores da Terra, estaban recibiendo armas ilegales. Por tanto, me parece una completa incongruencia que algunos escritores aludan solamente al presumible pistolerismo de un grupo minoritario como la Falange de 1934 o 1935 para explicar el elevado número de asesinatos políticos cometidos en aquella época oscura, cuando la principal fuerza de la izquierda estaba haciendo acopio de armas clandestinas desde prácticamente la proclamación de la República.

Largo Caballero (a) «Lenín español», líder del PSOE y de la UGT no se privó de encabezar a las turbas frentepopulistas en sus desmanes

Precisamente, uno de los asistentes al primer acto público de la Falange celebrado en España moriría en Daimiel cinco días después, tras ser golpeado y apuñalado en plena vía pública por varios socialistas (4). Pues bien, desde este homicidio hasta la consumación del asesinato de dos jóvenes en Nistal de la Vega (León) y en la localidad gallega del Barco de Valdeorras, perpetrados ambos delitos el diecinueve de julio de 1936, fueron cerca de 140 los falangistas muertos a manos de sus adversarios antes de que las tropas sublevadas declarasen el estado de guerra (5), preciso momento en que ha de fijarse el comienzo de la contienda. Tras la ruptura de las hostilidades, los partidarios de Falange que el Movimiento les sorprende en zona republicana serían perseguidos sin descanso por las milicias y la policía del Frente Popular, muriendo miles de ellos fusilados y martirizados, como adveran las múltiples listas de fallecidos depositadas en la Causa General. Entre esos millares de caídos se hallan un abuelo y un tío del autor del libro que estamos presentando. Curiosamente, el abuelo materno de Alberto de la Guía moriría con el nombre de Cristo Rey en sus labios. No lo hace invocando ninguna consigna fascista ni política, lo que viene a acreditar el profundo sentimiento religioso que embargaba a aquel patriota manchego. Por lo tanto, no debe preterirse que es el mismo grito con que murieron cientos de católicos mejicanos pocos años antes frente a los piquetes de ejecución del Presidente Plutarco Calles; la misma invocación con que cayeron miles de carlistas en los frentes y la retaguardia de nuestra guerra civil; y, en idéntica coyuntura, la misma proclama que vitorearon millares de religiosos antes de ser acribillados por las fuerzas frentepopulistas.


 

En consecuencia, creo que el nexo que liga estas tres situaciones resulta bastante consistente como para dejarse en el olvido. De hecho, la expresión había obtenido carta de naturaleza, tras la promulgación por Pío XI de la encíclica Quas Primas el once de diciembre de 1925, por la que se instituía la festividad de Cristo Rey en el mundo católico. Por consiguiente, faltaban todavía tres años para confeccionarse los famosos Pactos de Letrán entre el Estado Fascista y la Santa Sede.

Pues bien, esta conmixtión del catolicismo sociológico con la Falange militante, que se acelera en los meses previos al levantamiento militar de julio -merced a la proscripción y al protagonismo que adquieren en la clandestinidad Hedilla y Onésimo Redondo (circunstancia recordada por el socialista Vidarte)-, a mi juicio establece claras distancias entre el nacionalsindicalismo ibérico y los típicos movimientos fascistas de entonces.

El desconocimiento que en la actualidad se tiene sobre este movimiento político, incluso en los círculos académicos, ha propiciado que se establezca una sinonimia excesiva, si no falsa, entre fascismo y falangismo; lo que está en contradicción con lo proclamado por los principales dirigentes de la Falange desde sus instantes fundacionales, como la protesta que Ledesma Ramos efectuara en la prensa madrileña en enero de 1930, indicando que los orígenes ideológicos del movimiento debían buscarse en los tratados del filósofo liberal Ortega y Gasset y no en el fascismo,

Paracuellos d el Jarama, 1941, paradigma de la barbarie y genocidio institucional del Frente Popular

tan en boga por aquellos tiempos. Con la erección del nuevo Estado en 1937, se mantiene el distingo referido, admitiéndose solamente que la nueva configuración estatal tendría presente el sistema fenecido del general Primo de Rivera, el Estado Novo portugués, el estado mussoliniano, pero sobre todo las instituciones básicas e históricas de la España tradicional, acentuándose las diferencias ideológicas a partir de 1943.

Por lo demás, las bases filosóficas e ideológicas del nacionalsindicalismo no se conocerían en profundidad hasta 1976, fecha en que Salvador de Brocá publica su tesis doctoral con el nombre de Falange y Filosofía; estudio que sólo observa equiparación entre fascismo y falangismo desde una perspectiva formal, pero no filosófica ni epistemológica. Por fin, en 1987, el profesor de Derecho político, Hillers de Luque, fijaría definitivamente las diferencias sustanciales entre fascismo y nacionalsindicalismo.

En realidad, el movimiento político más próximo a la Falange lo representa el fenómeno social del nacional-sindicalismo lusitano. Un planteamiento doctrinal de inspiración católica, que coincide con la Falange en la denominación, en el uniforme y en un programa político cuasi-idéntico: unidad de destino, vocación oceánica y colonizadora y protección social de las clases más desfavorecidas; no en vano Rolão Preto aportó su particular visión en la redacción de los 27 puntos de la Norma Programática de la Falange en 1934. Con todo, sería una autoridad lusa en el campo de la Filosofía del Derecho, precisamente el catedrático António José de Brito, quien en 2006 volvería a delimitar la distancia entre fascismo y nacionalsindicalismo autóctono, repasando minuciosamente las fuentes clásicas y modernas.

 


Por su trayectoria, el nacionalsindicalismo peninsular debiera ocupar un lugar próximo a la izquierda nacional, lugar detentado exclusivamente en la Península por la socialdemocracia de raíz
extranjerizante; de ahí, la calificación maliciosa de fascista por parte de entusiastas y correveidiles del socialismo doméstico. Pues bien, visto el estado de la cuestión y en mérito de lo expuesto, cobra importancia la aportación que nos ofrece la obra de Alberto de la Guía, partiendo de la perspectiva del Derecho natural. En consecuencia, esperemos que la ola de protestantismo moderno
que nos acecha, aniquilador de símbolos y conciencias como en el siglo XVI –si bien, disfrazado de “memoria democrática”-, permita a nuestro autor la persistencia en la profundización científica.

 

(1) El Reglamento del Colegio Universitario Cardenal Cisneros prescribía, como fines primordiales, el de fomentar el desarrollo de la investigación básica en el alumnado ((Decreto 2656/1973, de 5 de octubre).

(2) No obstante, hay una diferencia esencial entre el Código penal ruso de 1927 y la reforma penal que se pretende por los historicidas de un partido nacional que han perdido definitivamente la mesura y la cordura: el artículo 58 del citado código no sancionaba la exaltación del régimen autocrático zarista que imperaba en el país ochenta años antes; ni siquiera a quienes recordaban con fervor la figura del zar Alejando II, fallecido en 1881.Tampoco el régimen autoritario de Franco -siendo políticamente carlista tras la constitución unificadora de 1937- persiguió penalmente
el recuerdo o la exaltación de los vencedores de la última guerra carlista, quienes derrotaron a los tradicionalistas en 1876, habiendo infligido a los combatientes y partidarios de Don Carlos persecuciones tan graves como las observadas en 1936-1939.

(3) Un corresponsal portugués que el 28 de julio fue testigo directo del asesinato colectivo de catorce frailes claretianos en la estación de Fernán Caballero, incitado por una miliciana que daba besos a sus camaradas para que matasen a los frailes del tren, no dudó en catalogar los hechos como un atentado contra el derecho de gentes: El tren partió, pero mis ojos quedaron allí por mucho tiempo; la siniestra visión de esa tragedia aún me persigue y de ello solamente puede consolarme la idea de que en mi país, teatro de tantas revoluciones, siempre hubo prisioneros y humanidad…
Cf. O Diario de Lisboa, (08.09.1936), p. 5.

(4) Consúltense: El Día, (04.11.1933), Alicante, p. 2; La Prensa, (04.11.1933), Santa Cruz de Tenerife, p. 7; El Progreso, (05.11.1933), Lugo, p. 1; El Iris, (09.11.1933), Ciudadela, p. 3.

(5) Entre los fallecidos se hallan los jóvenes Rafael Real de León (asesinado a garrotazos y pedradas en Calzada de Calatrava el tres de mayo), José Hernández Novas, muerto el catorce de junio, tras sufrir un atentado en Puertollano, y Claudio Fernández, muchacho de 17 años, tiroteado el seis de julio en el casino de Miguelturra; y eso que los apuñalados, apaleados y tiroteados azules en la provincia de Ciudad Real, según los datos de la Causa General, son bastantes más, ocultando la censura los detalles de estos atentados. Pues bien, sobre la conducta de la Falange prebélica se ha fantaseado en grande; motivado por prejuicios ideológicos y por un desconocimiento sorprendente de los hechos ocurridos. En realidad, FE de las JONS fue declarada fuera de la ley por las autoridades del Frente Popular una vez instaladas en el poder, contra la decisión del Tribunal Supremo que estimó que el partido era perfectamente legal. Con todo, sus miembros conocidos -por remoto que fuera el lugar donde viviesen- fueron detenidos y encarcelados sine die a partir de abril de 1936; en virtud de una orden draconiana que ni siquiera se publicó en la Gaceta de la República. Una extralimitación evidente del poder gubernamental, que se completaba con la retirada de los permisos de armas. En consecuencia, la organización quedó completamente desmantelada y a merced del terrorismo de las juventudes socialistas, principalmente.

 

martes, 21 de febrero de 2023

LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA.. Por FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ.

Un articulo escrito por el culto e inteligente Fernando Suárez sobre la Ley de Memoria democrática ha despertado un inusitado interés por ser de lo mejor que se ha escrito en contra de esta Ley de revancha que pretende dividir a la sociedad para anularla y a favor de una figura irrepetible en la historia de la época, la de JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA


 

 

FERNANDO SUÁREZ GONZÁLEZ.

De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Después de meses anunciándola y haciendo referencia a los concienzudos estudios, análisis e informes que iban a fundamentar su ecuanimidad u su solidez, el 21 de octubre ha entrado en vigor la Ley 20/2022, el 19 de octubre, de memoria democrática. No puedo comentar aquí las trece páginas de su prolijo preámbulo ni las cuarenta y una que ocupa el texto legal, pero si puedo hacer constar, de entrada, que me parece tan merecido como natural el recuerdo de que el Partido Popular se sumó el 20 de noviembre de 2022 a la condena del Régimen de Franco, con una torpeza difícil de justificar.

Mi opinión sobre esta Ley puede resumirse diciendo que, compartiendo mu sinceramente el propósito de que todas las víctimas de la guerra civil encuentren su digno enterramiento, el principio de verdad, invocado en el artículo segundo como uno de fundamentales de la Ley, podría más bien haberse denominado el principio de las verdades a medias. Las pruebas no son escasas.

El último período democrático anterior a la Constitución de 1978, protagonizado por la segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales -dogmatiza el legislador- fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra civil que contó con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania. Algo después se reconoce también la participación de la Unión Soviética como potencia extranjera, pero es manifiesta la pretensión de convertir la guerra civil en un ataque a la democracia respaldado por nazis y fascistas, mientras los comunistas la defendían. La consideración de la segunda República como un período democrático no pasa de ser una ensoñación. La Ley de memoria democrática no recuerda que en los sesenta y tres meses y cuatro días que duró, España conoció dieciocho gobiernos, veintiún estados de excepción, veintitrés estados de alarma, y dieciocho estados de guerra y no recuerda tampoco la declarada intención de construir una República exclusivamente de izquierdas. Lo proclamó abiertamente Manuel Azaña, cuando era ya Ministro de Guerra, en su discurso del 17 de julio de 1931: Ante las derechas republicanas, nosotros nos desplegamos en frente de batalla y por todos los medios lícitos en la lucha política estorbaremos su advenimiento al poder.

Tampoco puede aceptarse sin matizaciones la legitimidad del Frente Popular. Ni de origen, ni de ejercicio. En cuanto al origen, nunca se publicó el verdadero resultado de las elecciones de febrero de 1936 y sólo en el año 2017 se demostró terminantemente el fraude y, respecto del ejercicio, valgan por todos dos testimonios nada sospechosos: el nacionalista vasco Manuel de Irujo, que aceptó ser Ministro de Justicia en el gobierno de Negrín, de 1937, describía en marzo de 1936 una situación escalofriante, en la que se mascaba el estampido: en Madrid, Extremadura, Andalucía y Levante se queman iglesias, conventos, fábricas, almacenes, casinos, casas particulares, archivos del Juzgado y del Registro. Se hace salir desnudas a las religiosas se las somete a un trato que no se da a las mujerzuelas profesionales. Después de deshonrar a las hijas y a las esposas, son paseadas en pica las cabezas de sus maridos y padres por oponerse al “regocijo”…Se asaltan y ocupan fincas por alcaldes, asociaciones o bandas de pistoleros y se asesina a la Guardia Civil.

Nadie, en fin, se atreverá a cuestionar el inapelable testimonio del Presidente del gobierno. El 17 de marzo de 1936, Manuel Azaña escribe a su cuñado: Antes de contar más cosas, intercalo mi negra desesperación. Hoy nos han quemado Yecla: Siete iglesias, seis casas, todos los centros políticos de derecha y el Registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete y Almansa. Ayer, motín y asesinato en Jumilla. El sábado, Logroño; el viernes, Madrid; Tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas… Han apaleado, en la calle del Caballero de Gracia, a un comandante vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artillería, en Logroño acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales… Lo más oportuno. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el gobierno -es decir, desde un mes antes – y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos.

La referencia a un único golpe de Estado ignora el que dos años antes habían preparado los socialistas y sus líderes Prieto y Largo Caballero. Su detenida programación está publicada por el propio Partico Socialista, excluyéndose así cualquier suspicacia calumniosa. La Ley de memoria democrática ignora el acuerdo explícito del PSOE y de la UGT de organizar un movimiento revolucionario y que Largo caballero se inspiraba en el modelo bolchevique y anticipó reiteradamente su propósito de ir a la guerra civil. ¿Cómo puede negarse que se intentó un golpe de Estado? ¿Cómo puede negarse que la proclamación del Estat catalá por Companys, a quien condenó a treinta años de reclusión mayor el tribunal de garantías Constitucionales, fue un verdadero golpe de Estado? No son opiniones sectarias de los adversarios del socialismo: El Tribunal Supremo, en su sentencia del 16 de febrero de 1935, consignó que el propósito de los revolucionarios era el de reemplazar el gobierno republicano establecido por la Constitución por otro gobierno anticonstitucional.

La pretendida defensa de la democracia por las fuerzas soviéticas enviadas a España, no resiste el más superficial análisis. Bastaría reproducir la fotografía de la Puerta de Alcalá con el escudo de la URSS u sus tres arcos centrales ocupados por gigantescas fotografías de Stalin y dos de sus jerarca, en homenaje al XX aniversario de la revolución soviética, para que nadie tuviera el impudor de sostener que quienes defendían Madrid al grito de ¡no pasaran! Estaban defendiendo democracia alguna. Nadie solvente niega que la victoria del Frente Popular hubiera supuesto la instauración en España de un régimen comunista. El Komintern -escribió Willy Brandt, luchador en el bando republicano- tenía el insensato objetivo de aniquilar a todas las fuerzas que no quisieran unirse a él.

Naturalmente, si los combatientes republicanos no luchaban por la democracia, es una superchería añadida que las Brigadas Internacionales, a cuyos integrantes se otorga la nacionalidad española, vinieron a luchar también por la democracia y contra el fascismo. El desmontaje de esta falsedad tampoco requiere gran esfuerzo, porque está terminantemente claro que vinieron a colaborar en la implantación de la dictadura del proletariado. Las Brigadas Internacionales -dijo Manfred Stern, el comunista austriaco jefe de la XI Brigada, a quien llamaban general Kleber- son parte integrante del verdadero Ejército Rojo soviético;  son su fuerza de asalto. Estas brigadas están a disposición del Komintern y al terminar la guerra española serán utilizadas en la forma que el Komintern juzgue oportuno. Aunque los redactores tampoco lo recojan en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006 y cuya autoridad invocan, se reconoce precisamente que las Brigadas Internacionales fueron organizadas y dirigidas por el Kominter.

El sectarismo del referido Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa queda de manifiesto con el solo dato de que reduce la terrorífica revolución de 1934 a una insurrección de los mineros de Asturias que fue aplastada por las tropas al mando de Franco. Es una manipulación inadmisible considerar la revolución de 1934 como una insurrección de los mineros de Asturias, ignorando su repercusión en Cataluña, en Santander, en Madrid, en Ciudad Real, en Alsasua, en La Carolina…Por poner un ejemplo, en Guardo y en Barruelo (Palencia) se produjeron varios asesinatos, entre ellos el del Director del Colegio de los Maristas, Plácido Fábrega Juliá, beatificado como mártir en el año 2007. Por los demás, el nombre de insurrección es muy poco adecuado para una revolución de cuyas atrocidades hay testimonios estremecedores: En Mieres mataron a todos los guardias de asalto que estaban en su cuartel, y según informó el Nuncio Apostólico en Madrid, federico Tedeschini, al Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pacelli, en Asturias fueron asesinados treinta y un sacerdotes y religiosos, además de los ocho hermanos de las Escuelas Cristianas de Turón. Parecía -escribe el Nuncio- que, en vez de seres humanos, hubieran salido de la profundidad de las minas furias infernales. Melquíades Álvarez dejó dicho que en aquella revolución se cometieron crímenes de tal naturaleza y de tal ferocidad que, con solo recordarlos, el sentimiento de piedad se ahuyenta de las almas más generosas y clementes y el socialista Fernando de los Ríos la definió como la más violenta perturbación social de que tiene noticia la historia del mundo moderno.

No hay, sin embargo, en el proyecto de Ley la menor alusión al punto num. 14 de ese mismo Informe del Consejo de Europa en el que se dice que en vísperas de la guerra civil, el país estaba sumido en el caos; las huelgas eran frecuentes oficiales, durante este período trescientas treinta personas fueron asesinadas y mil quinientas once heridas en enfrentamientos políticos. Se cuenta en la misma época doscientas trece tentativas de asesinato, ciento trece huelgas y la destrucción de ciento sesenta edificios religiosos. Considerar que estábamos en un período democrático no se compadece con la verdad. Tampoco se compadece con la verdad que la época objeto de análisis y estudio comience el 18 de julio de 1936 y excluya así algo tan trascendental como el asesinato de jefe de la oposición parlamentaria, José calvo Sotelo, por fuerzas de orden público, tres días antes del alzamiento. Lo oculta también el reiteradamente aludido informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que, en su punto 15, admite que Franco, después de haberse negado durante algún tiempo a conspirar contra el gobierno, se aproximó a los rebeldes en el verano de 1936, pero no explica el motivo.

Los autores del proyecto demuestran gran interés en involucrar a la Organización de las Naciones Unidas en los propósitos del Gobierno y de ahí su referencia a la Resolución 39 (1) de la Asamblea General de 12 de junio de 1946. Cualquier lector poco avisado, sobre todo si es joven, aprenderá que en tal Resolución se condena a España y se la excluye de la ONU, por considerar que su Régimen es una dictadura de carácter fascista, impuesta al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias del Eje, pero -de nuevo la verdad a medias- no sabrá por qué ese mismo Régimen, el mismo, fue admitido en la ONU por la resolución 995 (X), de 14 de diciembre de 1955. A los redactores de la Ley de memoria democrática les resulta útil subrayar el primer dato y prescindir absolutamente del segundo.

Por otra parte, la también invocada Resolución 60/147, de 16 de diciembre de 2005 es traída a la cuestión porque conviene a los redactores, pero tiene un carácter absolutamente general y la palabra España no aparece ni en el texto ni en su anexo.

Algo parecido ocurre con el sobrevalorado Informe del activista Pablo de Greiff, que no pasa de ser un relator especial de Naciones Unidas, que visitó España del 21 de enero al 3 de febrero de 2014 y cuyo Informe se distribuyó en la Asamblea General el 22 de julio de ese mismo año, sin que conste que alguna autoridad, individual o colegiada, de la Organización haya adoptado decisión alguna. Resulta pintoresco que siendo absolutamente infrecuente que se citen nombres propios en los preámbulos de las Leyes españolas vaya a ser una excepción ese oscuro funcionario colombiano.

También es una verdad a medias que el exilio que se desea reparar se produjera durante la guerra civil y la dictadura. Ya expliqué en otro artículo que Pedro Salinas, Ortega, Pérez de Ayala, Clara Campoamor, Marañón, García Morente, la familia Carande, Juan Ramón Jiménez y miles de ciudadanos anónimos se habían ido al exilio huyendo del Frente Popular. Algo parecido puede concluirse respecto de la afirmación de que los símbolos públicos deben tener como finalidad el encuentro de los ciudadanos en paz y democracia y nunca una expresión ofensiva o de agravio. ¿Podría el Gobierno precisar a que ofende o agravia el recuerdo del heroico Moscardó y por qué la estatua de Largo Caballero es símbolo de paz y democracia? No puedo menos de recordar que yo mismo la consideré expresiva del espíritu reconciliador de la transición, espíritu que destruyó Zapatero derribando la de Franco. No hay palabra distinta de la revancha para calificar la retirada de condecoraciones o títulos nobiliarios, rectificando cuarenta y tres años de historia. ¿Puede considerarse ejemplo de lealtad al Rey obligarle a derogar disposiciones libérrimas de su augusto padre? ¿Qué clase de participación en la sublevación o en la represión tuvo la Condesa del Castillo de la Mota? ¿Por qué su título supone una exaltación de la guerra o de la dictadura?

Por fin, la obsesión con el Valle de los Caídos: A tenor del artículo 54.3 del proyecto, las criptas adyacentes a a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen carácter de cementerio civil. ¿Cree el Gobierno que se puede adoptar tal decisión, despreciando el criterio de las familias de miles de católicos sepultados allí, que son sin duda la inmensa mayoría? ¿Sería aceptable que un hipotético y alucinado gobierno de derechas decidiera convertir al catolicismo el cementerio civil de Madrid, donde reposan Pablo Iglesias Pose, Besteiro o Largo Caballero? Va a ser un singular cementerio civil, coronado por la mayor cruz del mundo. ¿O es que la piensan destruir?

Aquí es inevitable recordar la Carta Apostólica Statt Crux, de Pio XII, de 1958 en la que se reconoce que Franco inspiró tan prodigiosas obras a fin de levantar un monumento a la memoria de cuantos, por una causa o por otra, entregaron su vida y sucumbieron en la guerra civil. Es inevitable recordar el Breve Pontificio de Juan XXIII Salutiferae Crucis, de 1960, que eleva a Basílica la primitiva Abadía y el muy expresivo mensaje con que saludó su bendición como tal y en el  que ruega por las almas de cuantos fraternalmente unidos duermen en el Santuario su último sueño.

En definitiva, contra lo que dispone el artículo 1.2 del proyecto, que anuncia medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía, el proyecto incide precisamente en resucitar tales elementos de división. Si, como proclama en su preámbulo, el consenso de la transición ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país, ¿qué ventajas tiene revisar aquel consenso intentando desfigurar elementos esenciales de la historia?. Si el Gobierno Sánchez piensa que los historiadores presentes y futuros van a dar por definitiva su versión de los acontecimientos, comprobará su error más pronto que tarde, pero mientras tanto habrá vuelto a introducir en nuestra convivencia factores de división y no de concordia.

Ya me he referido al nuevo carácter de cementerio civil de la Basílica del Valle de Cuelgamuros y añado ahora que la Ley dispone también que se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto. Es notorio  que, trasladado a la capilla del cementerio de EL Pardo el féretro de Francisco Franco, el único resto mortal que ocupa en aquel templo un lugar preeminente es el de José Antonio Primo de Rivera. Se da, sin embargo, el caso, de que el impresionante testamento redactado el 18 de noviembre de 1936, al día siguiente de ser condenado a muerte, contiene en su primera cláusula el deseo de ser enterrado conforme al rito de la religión católica, apostólica, romana que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz.

La pregunta es inevitable: ¿Cree el Gobierno de España que tiene atribuciones para ignorar de modo tan explícito la voluntad expresa de un difunto? Por lo demás, si es verdad que el legislador tiene voluntad de reconciliación y su propósito es fomentar la cohesión y solidaridad de los ciudadanos y evitar la división entre la ciudadanía, no parece muy coherente la humillación que para muchas familias españolas supone la nueva norma. No estoy seguro de que la Ley de memoria democrática me permita decirlo, pero un español de mi edad, aun no habiendo sido militante falangista, no puede aceptar en silencio que José Antonio Primo de Rivera sea hoy un elemento de división, un motivo actual para la discordia a un símbolo que constituya para nadie expresión ofensiva o de agravio.

José Antonio, joven aristócrata, guapísimo y seductor (Imperio Argentina), un perfecto caballero (Victoria Kent), enamorado de las bellas artes (Mariano Benllure), abogado y verdadera gloria del Foro español (Francisco Bergamín), entró en la vida política para defender la memoria de su padre, el dictador calumniado después de muerto. Magnífico jefe (Georges Bernanos), pese a su atención inicial al movimiento de moda en Italia, se negó a ser el líder fascista que muchos deseaban. Como ha explicado Maurice Bardéche, no  perdió ocasión alguna de decir que él no era fascista, en el sentido que los italianos y los alemanes entienden esa palabra y, en efecto, en un artículo de abril de 1936, proclama José Antonio que su movimiento jamás se ha llamado fascismo, ni en el más olvidado párrafo del menos importante documento oficial, no en la más humilde hoja de propaganda.

Si es fascista quien considera que está en posesión de la verdad, es imposible atribuir ese carácter a Primo de Rivera, una de cuyas más altas virtudes era su reacción de generosa cordialidad frente a los que no pensaban como él (Gregorio Marañón Posadillo). Fue la figura española que hizo realidad nacional el pensamiento de Ortega (Pio Baroja).

Escribió en tres años -entre los treinta los treinta y tres de su edad- más de dos mil doscientas páginas de artículos y discursos de singular elocuencia y de un castellano espléndido, fue condenado a muerte a un implacable crimen político (Lerroux), se enfrentó al fusilamiento con templanza perfecta (Julián Zagazagoitia), redactó un testamento impresionante, lección de virtud (Pedro Cantero Cuadrado), rara muestra de literatura sublime (Blanca de los Ríos), en el que desea que sea la suya la última sangres española que se vertiera en discordias civiles. Le dedicaron sonetos Marquina, Manuel Machado, Pemán y Gregorio Diego. ¿Alguien conoce a un español de treinta y tres años que se le pueda comparar?

Lo curioso y significativo del tema es el respeto que suscitó, no ya de sus seguidores, sino de sus más importantes adversarios. En el Laberinto español escribe Gerald Brenan  que hasta sus enemigos, los socialistas, no podían por menos de tenerle cierto afecto y en La guerra civil española repite Hugh Thomas que hasta sus enemigos “marxistas” se veían obligados a reconocer su encanto personal. Es bien conocido que Indalecio Prieto, que se opuso a que el Congreso de los Diputados concediera el suplicatorio para procesarle por supuesta tendencia ilícita de armas, dijo literalmente, en la sesión parlamentaria del 3 de julio de 1934: El señor Primo de Rivera ha venido a esta Cámara en condiciones verdaderamente excepcionales. Tienen que darse cuenta todos los señores diputados de la pesadumbre que sobre este joven diputado representa la historia de su apellido…Hubiera irrumpido en la vida pública sin llamarse José Antonio Primo de rivera como muchacho vigoroso, vehemente, de temperamento belicoso, si se quiere, y su actuación sería infinitamente más desembarazada; le traba la responsabilidad que yo considero una pesadumbre de su apellido…La política del señor Primo de Rivera -sigue diciendo Prieto- no tiene encaje posible en la realidad: Hay una posición plenamente romántica, teñida de amor patrio, de un españolísimo, quizá excesivo desde mi punto de vista, que le quiere conducir a soluciones fraternales, amorosas, de una cordialidad que pudiéramos considerar suprahumana y, sin embargo, el señor Primo de Rivera enfoca su principal actividad ala organización de grupos armados propensos a todas las audacias.

En su agradecida respuesta, José Antonio, aparte de negar ser un sentimental, o un romántico, o un hombre combativo, y recordar que España necesitaba una justicia social y un sentido nacional profundos, rechaza de manera terminante haber iniciado la violencia: Mis primeras actuaciones fueron completamente pacíficas; empecé a editar un periódico y empecé a hablar en unos cuantos mítines y, con la salida del periódico y con la celebración de los mítines, se iniciaron contra nosotros agresiones cada vez más cruentas…Jose Antonio, aseguran que ni él ni sus compañeros buscaron nunca la violencia y que fue la violencia la que vino a buscarlos a ellos. Prieto, que no replicó a nada de esto, había empezado por reconocer que tal y como se estaban poniendo las cosas, había que extremar los casos de defensa personal y de prevención y que si hicieran un registro en su casa, no encontrarían menos armas que las que consideraban ilícitas en manos de Primo de Rivera. Habría que recordar también que un tercio de siglo después, en carta al entonces Ministro británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, Indalecio Prieto recuerda que debía la vida a ese joven impetuoso y bien intencionado, porque él y su gente me custodiaron hasta i domicilio una noche en que algunos, que se decían correligionarios míos, habían acordado “abolirme”.

Concluyo reproduciendo palabras de Prieto: es necesario un esfuerzo generoso en busca de puntos de concordia que hagan posible la convivencia, tratándonos como hermanos y no peleando como hienas… Conviene a todos leer y releer el evangelio, a unos para recordarlo y a otros para aprenderlo. Desde luego bastan sus máximas para componer plegarias conmovedoras impetrando la reconciliación de los españoles. Con amor verdadero se logran cosas que parecen más imposibles. Pero no se podrá dar un solo paso en firme antes de que todos confesemos, arrepentidos, nuestras culpas, sin importarnos que éstas nos anulen, porque los hombres -vencedores y vencidos-  pasan y España queda. O debe quedar. Y a fin de que quede España, la concordia ha de extinguir los rencorosos afanes de mutua venganza.