viernes, 27 de noviembre de 2020

Bismarck se equivocó

 Buenos  dias

Por fin alguien y esta vez alguien con un bagaje cultural y militar importante, se ha atrevido a poner el dedo en la llega y llama a las cosas por su nombre.

La destrucción de España a manos de los españoles es algo que se viene produciendo desde hace siglos y aunque los propios españoles le echan la culpa de lo que ellos hacen con entusiasmo a los demás, la realidad es que el mayor enemigo de España son los españoles y dentro de los españoles, sus políticos.

España tiene enemigos, siempre se los ha buscado donde debía haber buscado aliados, se ha unido en pactos y alianzas con el francés que solo han traído hambre, miseria y asco mientras agredía a los enemigos, no de España, sino de Francia, consecuencia los enemigos de Francia nos golpeaban donde y como podían.

Pero no han sido esos enemigos los que destruyeron la España virreinal y están, en este momento destruyendo la España peninsular y las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, de eso se encargan los propios españoles, que funcionan si tienen buen capitán y se echan a perder en cuanto llegan los insanos políticos y reyes que solo viven para sus cuchipandas y sus líos, arrastrando a la infamia a toda la nación.

Esta vez la destrucción terminara como termino la secesión cubana, con la secesión de Cataluña, Canarias, Vascongadas y el resto en una implosión que dejara pequeña la que sucedió en la España americana.

Mientras, eso si, los españoles buscan a quien echarle la culpa de lo que ellos están haciendo solitos.

https://elcorreodeespana.com/opinion/568430899/Bismarck-se-equivoco-Por-el-General-Chicharro.html

General Juan Chicharro



Adjudican al canciller alemán Bismarck la siguiente frase :

“España  es una gran nación… yo la admiro profundamente y creo que resulta indestructible porque ni siquiera ustedes los españoles son capaces de destruir su nación…”

Suponiendo que no fuera apócrifo este aserto, algo que no descarto, me temo que ese no fue un buen día para el político alemán. Disiento por completo de lo que dijo.

España lleva autodestruyéndose desde hace ya varios siglos y vaya que sí que lo hace. Seguramente, si así se quiere ver, desde una perspectiva histórica, a cámara lenta, pero de forma inexorable y continua.

A partir del siglo XV, tras el descubrimiento de América, España se expandió allende los mares y se estableció en prácticamente todo el continente americano y en algunas partes de Asia, conformando la España ultramarina. Sí, lejos de la península, pero aquellos territorios que hoy se contemplan como antiguas posesiones nunca se tuvieron como tales sino la prolongación de la propia nación. Fue a partir de principios del siglo XIX cuando los propios españoles de aquellos territorios se levantaron contra la madre patria hasta conseguir la emancipación o independencia tras cruentas guerras civiles que es lo que fueron : guerras entre españoles.

Hoy , ya en la propia península , sucede lo mismo : españoles de diferentes regiones liderados por cabecillas traidores pretenden la emancipación de territorios consustanciales con la propia esencia de España y en gran medida por las mismas razones por las que los próceres traidores hispanoamericanos  se levantaron contra la corona española. Apenas hay diferencias sustanciales.

Otrora fue México o Venezuela o Argentina……etc y hoy son Cataluña o las provincias vascongadas. El proceso histórico es complejo pero muy similar en el fondo.

España continua con su autodestrucción prolongada en el tiempo.

Acabamos de ver como unos Sanchez, Calvo o Iglesias en plena colaboración con personajes secesionistas son capaces de trocear lo que queda ya de la España lejana del siglo XVI con tal de mantenerse en la poltrona. Es lo mismo que sucedió en la España de América.

Lo estamos viendo todos los días. La traición es continua y permanente ante la indiferencia de un pueblo español catatónico tal y como lo fue cuando la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico o las islas Marianas.

Todavía hay quien piensa que la ruptura de España es inviable aduciendo que Europa no lo permitiría algo para mí ilusorio toda vez que de la historia extraemos como fue la propia Europa la que en el pasado bien que apoyó y propició la ruptura de la España ultramarina; otros piensan que en último extremo siempre quedarían las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su mandato constitucional lo impedirían algo que de nuevo acudiendo a nuestro pasado histórico es algo bien dudoso también. Téngase en cuenta lo que he dicho al principio de estas líneas : hoy nos resulta extraño comprender que en 1898 para los españoles Puerto Rico o Cuba no eran colonias sino la propia España y en aquel entonces salvo por los combates navales que tuvieron lugar en Santiago de Cuba o Cavite, o en tierra en las lomas de San Juan, apenas hubo lucha y se entregaron todas aquellas provincias ultramarinas sin pegar un sólo tiro. Es triste leer estos hechos históricos desde la perspectiva de historiadores norteamericanos. Triste no. De vergüenza propia. Lo siento, pero tras la pérdida de la batalla naval en Santiago todavía quedaban casi 200000 hombre en armas en Cuba. ¿ Se luchó por Puerto Rico o se entregó sin más ?  y ¿ Las Filipinas o las Marianas ?

Hoy se habla de Ceuta, Melilla y ya incluso hasta de las Islas Canarias. A ver , respecto a las ciudades autónomas diré que para mí son ciudades tan españolas como lo puedan ser Teruel o Cáceres pero desengañémonos, para muchos españoles no lo son así; de hecho cuando se constituyeron las comunidades autónomas, en Andalucía no se posicionaron para incluir a ambas ciudades en su comunidad pese a que con antelación Ceuta estaba ligada a Cádiz y Melilla a Málaga. En 1986 se firmó nuestra adhesión a la OTAN lo que implica que si alguna parte de nuestro territorio fuera atacado por un tercero toda la OTAN respondería como un ataque a la propia Alianza.

O sea, si alguien ataca Cádiz o Cuenca la Alianza respondería.

¡Ah! , pero si el ataque es a Ceuta o Melilla entonces no, pues ambas ciudades están fuera del paraguas de protección de la OTAN.

Es decir, aquellos que firmaron el Tratado adhesión a la OTAN en 1986 no consideraron a estas ciudades tal que si fueran iguales a cualquier otra ciudad española.

Sí, España lleva autodestruyéndose paso a paso desde hace 400 años de forma continua. Son escasos los periodos en los que esto no ha sido así ,entre los que yo destaco como únicos, el levantamiento contra el francés a principios del XIX y los 40 años del mandato del Caudillo Franco entre 1936 y 1975, cuya persona es objeto ahora de todo tipo de ataques y odios precisamente por haber interrumpido durante ese periodo el proceso de destrucción que ahora continúa sin pausa.

Proceso en el que están detrás sin duda, bajo otra apariencia,  las mismas fuerzas  masónicas de entonces. Bien lo sabía Jakim Boor o sea Franco.

Bismarck se equivocó pues los españoles claro que hemos destruido nuestra nación y ahora estamos en la tarea de completar la destrucción de lo que queda de ella. Unos por acción y otros omisión.

Francamente yo no veo más solución a todo esta lamentable situación el que en un momento determinado el moro de un paso en falso y se lance tras su objetivo de posicionarse con fuerza en su afán del dominio de los mares circundantes a Canarias en busca del gas o telurio o de culminar la marcha de la tortuga en Ceuta o Melilla por considerarse con fuerza militar suficiente para ello, algo que en mi opinión ya la tiene. El moro es muy inteligente y seguramente no lo hará pues espera la ocasión que ya ve cercana pero ese hipotético paso en falso podría sacar de su letargo al pueblo español y unirle en una causa común. Aunque quizás tampoco.

domingo, 22 de noviembre de 2020

La sentencia del Pazo de Meirás vista por un abogado del Estado (neutral, por supuesto) Por Mario Conde

 Buenos días

Entre la maraña de insensateces que se escriben y se dicen alrededor del pazo de Meiras y el manifiesto robo que las autoridades le han hecho a los herederos de Francisco Franco apropiándose  de mala manera con su casa de verano, he encontrado esta joya del derecho que explicada de forma rápida, inteligente y hasta didáctica aclara el desastre de justicia que padecen los españoles y que queda demostrado en este artículo de Mario Conde.

El poder Ejecutivo del Estado y por lo que se ve los jueces  existentes son parte del mismo, no se anda por las ramas y decide, retorciendo leyes, códigos y sentido último de la justicia, ejecutar una venganza en forma de sentencia judicial contra una familia cuyo cabeza de estirpe  consiguió vencer y expulsar de España al social comunismo hace ahora 80 largos años, cosa que no perdonan persiguiendo su sombra hasta su sepultura, con una saña que ni Atila ejercía contra sus enemigos, pero si los comunistas, esa vengativa y anormal forma de ser del ser humano.

https://elcorreodeespana.com/opinion/123628951/La-sentencia-del-Pazo-de-Meiras-vista-por-un-abogado-del-Estado-neutral-por-supuesto-Por-Mario-Conde-.html



Un Juzgado de Galicia, atendiendo a la demanda formulada por el Estado y la Xunta gallega, ha dictado sentencia por la que concluye que el llamado Pazo de Meirás es propiedad del Estado y no de la familia Franco que, por cierto, ha venido disfrutando de esa propiedad desde el lejano 1938/40. Lo que he podido leer acerca de esta resolución judicial se construye mas desde una óptica política, pilotando sobre el aprecio o desprecio de la figura del anterior Jefe del Estado, que sobre el rigor jurídico. Posiblemente por mi deformación —soy abogado del Estado— me acerqué al análisis de semejante documento provisto de mis herramientas de trabajo en el taller del Derecho, asumiendo que son no pocos los años transcurridos desde que abandoné — por fuerza menor, que no mayor— el ejercicio de semejante Arte —¿es Arte o Ciencia?— pero conservando, posiblemente porque comprendí la esencia de Lo Jurídico, mi amor por esa rama del saber y del convivir. Admito igualmente que el hecho de que la demanda haya sido presentada por los abogados del Estado, de cuya calidad jurídica no dudo, —excepciones las hay y últimamente demasiado abundantes— me obligó a razonar con cuidado y respeto. Pues bien: si una resolución judicial se puede calificar de despropósito jurídico, no quedará otra que concluir que la Juez de turno ha utilizado lo que llama la doctrina alemana el uso alternativo del derecho, esto es, primero decide que esa propiedad no era de los Franco, sea por motivos políticos, ideológicos, emocionales o por simple conveniencia personal para prosperar en su carrera, y posteriormente se concentra en dibujar con trazo excesivamente grueso —así me parece— una apariencia de legalidad que cubriera el oscuro deseo. Bueno, quizás tal deseo no sea oscuro sino mas claro que el agua de las mareas en la Playa de La Lanzada.

Veamos. En el camino hacia la conclusión existe un primer momento: el 5 de agosto de 1938, fecha en la que se se otorga una escritura pública de compraventa. Venden los dueños del pazo. Objeto de la venta: el Pazo. Precio 406.346 pesetas. Compran los representantes de una llamada Junta Pro Pazo. Primera pregunta: ¿qué es esa Junta? ¿Tiene personalidad jurídica? ¿Inscrita en algún registro de asociaciones?. No consta y me parece extraño que la Juez no se ocupara de este extremo. Yo creo que estamos ante una suerte de Xuntanza gallega: unas cuantas personas “se juntan” para un propósito: comprar del pazo para donarlo a Francisco Franco. ¿Y por qué es importante esclarecer este extremo? Porque si no tiene personalidad jurídica los compradores serían los integrantes de la citada “Xunta”, un conjunto de personas que se relacionan pormenorizadamente en ciertos documentos. Y un segundo aspecto: queda claro en la escritura que el “propósito”, esto es, la causa de la venta, aparte del precio, es que la finca sea disfrutada por Francisco Franco y ello mediante el instrumento de la donación. Por ello, adicionalmente, en la escritura se hace donación directa, que no venta, de la biblioteca del Pazo. Retengamos esto. La Juez se dedica a pormenorizar de dónde salen los fondos con los que la meritada Junta comparece y paga a los dueños el precio del pazo. Ese extremo puede tener un valor histórico y hasta exótico, pero en el plano jurídico, a estos efectos, es indiferente. Imaginemos que hubo incluso alguna actuación delictiva de los miembros de la Junta destinada a obtener esos fondos. Pues me da exactamente igual. Serían delitos cometidos prescritos hace un siglo, así que en lo que se refiere a la validez de la compraventa es algo totalmente estéril. La Juez se entretiene en demasía este punto, evidenciando con ello que refocila en asuntos neutros jurídicamente con una finalidad de una obviedad lacerante.

El 24 de Mayo de 1941 se otorga una nueva escritura de compraventa. Esta vez entre los herederos de los vendedores de 1938 y D. Francisco Franco Bahamonde, representado por D. Pedro Barrié de la Maza, por virtud de poder notarial. El objeto de la venta es el pazo. El precio 85.000 pesetas. Lo lamento pero jurídicamente esa venta no tiene un pase. Es simulada en el precio y hasta en su existencia. ¿Que se hizo con el propósito de acceder al registro de la propiedad? Pues lo siento pero no era el camino logico-jurídico. Incluso la propia escritura de 1938 podría haber servido. Lo digo porque en la escritura de compraventa se habla del “donatario” y se dice expresamente los miembros de la Junta “también se obligan a satisfacer todos los gastos de este contrato y de los adicionales que se precisen para su inscripción en el registro de la Propiedad”.- Así que los otorgantes estaban pensando que con esa escritura, que para mi es mixta, de compraventa y donación, se podría tener acceso al registro. Lo siento pero el abogado del Estado que asesoró en aquellos días para que se otorgara la escritura de 1941 era una de esas excepciones a las que aludía.

Bien, pero está claro que esa escritura de 1941 puede ser declarada nula. Y así lo hace la Juez. Claro que al ser nula ¿qué sucede? Pues que revive la escritura pública de 1938. La Juez declara que es nula la donación a D. Francisco Franco, por no haberse otorgado escritura pública. De acuerdo. Pero ¿ y la compraventa? Curioso: en la pagina 342 de la sentencia —inolvidable documento político— dice literalmente: “La junta compra y adquiere para sí el Pazo del 5 de agosto de 1938” Pues entonces si es nula la donación posterior a Francisco Franco, sigue viva la compraventa. Pues la Juez nada dice de eso, o, al menos, he sido incapaz de verlo en la sentencia, quizás aturdido por tanta consideración metajuridica. Así que entonces los dueños serían los integrantes de esa Junta. No se puede declarar la nulidad de este documento notarial sin haber formulado una llamada en la demanda a esos personajes, en lo que en derecho se llama litisconsorcio pasivo necesario. ¿Se ha hecho semejante llamada al proceso por mis compañeros abogados del Estado? Pues no: así que ya sabemos: nulidad de la sentencia por defectuosa constitución de la relación procesal.

Y yo me pregunto: ¿es nula esa compraventa de 1938, la de la “Junta”? Sí.- ¿Por qué? Porque no era una compraventa sin mas, sino afectada causalmente a una donación a una persona determinada. Es decir, eso constituye lo que la doctrina moderna —hablo de mis tiempos de estudiante, así que lo de “moderno” es relativo— llama “la frustración del fin del contrato”, elemento causal esencial. Pues al ser nula habría que llamar al proceso, en ese litisconsorcio pasivo necesario, adicionalmente a quiénes resultaran dueños del pazo tras la nulidad de la venta a la Junta. ¿Se ha constituido así la relación procesal? Pues no.

Pero ¿que ha ocurrido? Que cualquiera que sea el resultado jurídico de lo que acabo de explicar, ni los miembros de la Junta ni los potenciales herederos de los vendedores, han hecho el mas mínimo acto de dominio desde 1938 a nuestros días. Y en tales situaciones entra en juego el elemental principio de la seguridad jurídica: la propiedad no puede permanecer eternamente en una nube de incertidumbre. Para eso existe el mecanismo de la usucapión adquisitiva. Podrían ser dueños los de la Junta o los herederos, pero si alguien ha poseído a titulo de dueño esos bienes durante el lapso temporal marcado por la ley, adquiere la propiedad, incluso con mala fe. Y es aquí, precisamente aquí, donde los abogados del Estado, y subsiguientemente la juez, proporcionan un salto mortal digno del mejor momento del trapecista del circo Price. Veamos: ¿quién ha habitado el pazo? La familia Franco. ¿Como si fueren sus dueños? Pues claro. ¿Pagando gastos ? Pues si. ¿Invitando a amigos? Pues si. ¿Amparada su buena fe por la inscripción el registro de la Propiedad a su nombre? Pues si. Tanto pues si va a tropezar con algo insólito.

Dice la Juez, siguiendo a los ilustres juristas de la abogacía del Estado, que quien usucape no es la familia sino el Estado. ¿El Estado? ¿Está de broma? Pues no. Dice que es el Estado el que ha actuado como dueño. Uno lee semejante cosa y entiende que mis compañeros hagan malabarismos jurídicos pero que el juez admita semejante grosería jurídica…. ¿Pero cómo el Estado va a usucapir, por favor?. El Estado no usucape. Si quiere algo lo expropia y buenas tardes. El Instituto de la usucapión esta destinado a particulares, porque nosotros, los seres privados, no podemos usar la potestad publica para expropiar a nadie. ¿El hecho de que hubiera guardias civiles significa que era el Estado usucapiendo? ¿Esos guardias tenían el aniumus domini necesario para usucapir? De verdad que en mi vida he visto cosas raras, pero tan estrambóticas no. Allí vivia una familia, con todas sus consecuencias, invitaba a sus amigos, a sus nietos, a sus familiares, celebraba sus ocasiones regocijo, pasaba sus veranos, vamos que esa familia era la que estaba ejerciendo como dueño, amparada, como digo, en el Registro de la Propiedad. No digo ahora que el Registro ex articulo 38 de la Ley Hipotecaria sea inatacable. No digo es. Aseguro, y me casi avergüenza repetirlo, que quien estaba ejerciendo como dueño, y por tanto usucapiendo, era esa familia, y no un ente abstracto e informe a estos efectos como el Estado. Y un dato adicional: resulta que dice la sentencia que es bien de dominio público por afectación al servicio público. Por favor: el domino público es imprescripcitble, inalienable, no se puede adquirir por usucupacion. Esto es de primero de derecho administrativo. Ni nadie le puede quitar al Estado su dominio público por usurpación,. ¿De donde se saca la juez que el Estado puede usucapir dominio publico por prescripción adquisitiva? Al margen de quien usucape es obviamente la familia.

En fin, lo dicho al comienzo: un dislate jurídico procesal y jurídico material. Y encima ejecutan provisionalmente. Está claro: es una decisión política personal de la Juez motivada por lo que se quiera (presión ambiental, conveniencia personal…) pero ajena al mundo del rigor jurídico. No lo siento por mis compañeros abogados del Estado. La verdad es que han sido ocurrentes. Pero para eso están los jueces: para no plegarse a los letrados si proponen absurdos jurídicos, ni aun cuando pertenezcan al otrora glorioso cuerpo de abogados del Estado. Ayyy si Joaquin Costa saliera de la tumba y levantara su cabeza.

jueves, 19 de noviembre de 2020

Esta es la Ley que viene de camino

 Buenos dias

El periodista, una de las viejas glorias de la pluma y maestro de peripuestas Julio Merino, recuerda en este artículo lo que fue la ley de  defensa de la República que trasformo lo que debía haber sido una democracia liberal en un régimen de extrema izquierda que al poco se trasformó en un régimen revolucionario que llevo a España a la guerra civil.

Como mucha gente no sabe de lo que escribo yo y de lo que recuerda Julio Merino creo que es obligatorio recordarlo para que las buenas gentes españolas,  las otras son las que apoyan la nueva ley que se esta fraguando en estos momentos por el gobierno social-comunista que de nuevo nos esta acercando al limite de lo soportable.

Lean Vds esta lección de historia, de la mas negra y nefasta historia de España, la Historia de la II Republica española.

https://elcorreodeespana.com/politica/180696707/Esta-es-la-Ley-que-viene-de-caminoPor-Julio-Merino.html

Señores, el que quiera ver que vea y el que no quiera ver que no vea. Volvemos a las andadas. Llega lo que se fue y con los mismos protagonistas en el Gobierno: los socialistas, comunistas, anarquistas, independentistas y republicanos de izquierdas... y al otro lado, las derechas, católicos, monárquicos, centristas y "peperos", escudados en la libertad de expresión, en los recursos y en la moderación.


Según se está viendo ya la historia va a repetirse. En aquella ocasión (1931), Azaña, Jefe del Gobierno y Ministro de la Guerra, se sacó de la chistera la famosa "Ley de Defensa de la República"... la misma, o parecida, que ya prepara el Gobierno que nos lleva al desastre y a la Dictadura. Yo ya no opino, pero me gustaría que esos que se llaman "constitucionalistas" estudien aquella ley y se preparen para lo que viene. Porque a no tardar tendremos la misma u otra parecida. Así que lean:


 


Ley de Defensa de la República


Artículo 1.- Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley:


1.      . La incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la Autoridad;


2.      La incitación a la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados, o entre éstos y los organismos civiles;


3.      La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público;


4.      La comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades, por motivos religiosos, políticos o sociales, o la incitación a cometerlos;


5.      Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado;


6.      La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras;


7.      La tenencia ilícita de armas de fuego o de substancias explosivas prohibidas;


8.      La suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante;


9.      Las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial, las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación;


10. La alteración injustificada del precio de las cosas;


11. La falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios.


Artículo 2.- Podrán ser confinados o extrañados, por un período no superior al de vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los números I al X del Artículo anterior. Los autores de hechos comprendidos en el número XI serán suspendidos o separados de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones.


Cuando se imponga alguna de las sanciones previstas en esta ley a una persona individual, podrá el interesado reclamar contra ella ante el señor Ministro de la Gobernación en el plazo de veinticuatro horas.


Cuando se trate de la sanción impuesta a una persona colectiva, podrá reclamar contra la misma ante el Consejo de Ministros en el plazo de cinco días.


Artículo 3.- El Ministro de la Gobernación queda facultado:


1.                 . Para suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública;


2.                 . Para clausurar los Centros o Asociaciones que se considere incitan a la realización de actos comprendidos en el Artículo 1 de esta ley;


3.                 . Para intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad de las definidas en la Ley de Asociaciones; y,


4.                 . Para decretar la incautación de toda clase de armas o substancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente.


Artículo 4.- Queda encomendada al Ministro de la Gobernación la aplicación de la presente ley.


Para aplicarla, el Gobierno podrá nombrar Delegados especiales, cuya jurisdicción alcance a dos o más provincias.


Si al disolverse las Cortes Constituyentes no hubieren acordado ratificar esta ley, se entenderá que queda derogada.


Artículo 5.- Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes Artículos no serán obstáculo para la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales.


Artículo 6.- Esta ley empezará a regir al día siguiente de su publicación en la Gaceta. (Gaceta, 22-X-31.)


Ojo al dato: lean y relean los puntos 3. ". La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público" y 5. "Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado".


Y Seguramente don Pedro y don Pablo dirán a la prensa el día que presenten "su" Ley, lo que dijo el Presidente Azaña al presentarla en el Parlamento: "La República no está en peligro, pero para evitar que el peligro nazca es necesaria"... y en los meses siguientes: fueron suspendidos 118 periódicos, 220 emisoras de radio, cerrados locales de organizaciones políticas y sindicales, y realizadas incontables detenciones gubernativas.. y cientos de personas fueron deportadas a Guinea Ecuatorial y al Sahara.


Señor Casado, mucho me temo que en Fuerteventura, como Unamuno, nos vamos a ver.

martes, 10 de noviembre de 2020

Totalmente de acuerdo: hay que acabar con la desinformación.

Buenos dias 

El teniente coronel (R) Francisco Bendala tiene las cosas muy claras y como no se debe a nadie escribe de forma directa lo que muchísimos españoles piensan, pero callan por comodidad o discreción

https://elcorreodeespana.com/politica/636159483/Totalmente-de-acuerdo-hay-que-acabar-con-la-desinformacion-Por-Francisco-Bendala-Ayuso.html


La desinformación, fenómeno que ha existido siempre, bien que con la potencia de los medios de comunicación actuales --redes in-sociales incluidas-- alcanza niveles nunca antes vistos, se sirve de diversos procedimientos retóricos como son la demonización, de las medias verdades y las puras mentiras y falacias, de clamorosas omisiones, generalizaciones y simplificaciones, de burdas analogías y metáforas, de eufemismos torticeros y de muchos más.


La desinformación es la base de toda manipulación, lo que causa estragos en todos los órdenes en los que se aplica. Los que así proceden lo hacen siempre con objetivos maliciosos. Son, por demás, gentes carentes del menor escrúpulo, amorales, que desprecian a los demás y sólo quieren imponerse para beneficiarse de ellos de muy variadas formas.


Por todo lo dicho hay imperiosa necesidad, como bien dice nuestro eminente Gobierno, de perseguir la desinformación y a los desinformadores hasta acabar con ellos sin piedad, porque está en juego nuestra unidad, soberanía, integridad, democracia, libertad, paz, justicia y prosperidad.


Así pues, esperemos que los encargados de tan encomiable labor persigan y acaben con las toneladas de desinformación que venimos sufriendo los españoles desde hace décadas, las cuales no han llevado a:


Considerar al Frente Popular como modelo democrático en vez de marxista-leninista cuyo objetivo era la destrucción de la II República para implantar la dictadura del proletariado, tras una cruenta revolución, convirtiendo a España en satélite de Moscú.

Considerar el Alzamiento Nacional como “golpe de Estado fascista”, cuando fue natural levantamiento cívico-militar contra la tiranía frentepopulista para salvar la República y restablecer el Estado de Derecho.

Considerar verdugos de las decenas de miles de víctimas del Frente Popular y viceversa.

Considerar a los terroristas, mayoritariamente comunistas, de los años 1939 a 1952 como “guerrilleros luchadores por la libertad y la democracia”.

Sacralizar la Transición la cual, en realidad, vulneró la “reforma política” aprobada por los españoles convirtiéndola en ruptura y demolición del régimen anterior.

Demonizar la etapa de gobierno de Francisco Franco, cuando fue la más fructífera en todos los órdenes de nuestra historia contemporánea.

Considerar al PSOE, PCE-IU, Podemos, ERC y PNV partidos democráticos en vez de manifiestamente criminales, antidemocráticos y antiespañoles imposibles de legalidad.

Considerar la Ley de Memoria Histórica, y ahora la “Democrática” como la verdad, cuando es la más completa muestra de desinformación histórica sólo comparable a la de la Leyenda Negra.

Considerar al terrorismo de ETA (y del FRAP, GRAPO y otros) como producto de un “conflicto”; y menos aún que se le haya derrotado, sino todo lo contrario.

Considerar a España como Estado de Derecho y democrático, en vez de lo contrario dado que no existe separación de poderes, todas las instituciones están profundamente politizadas y corrompidas, la ley electoral pervierte la verdadera representación popular y la inseguridad jurídica es total.

Considerar que todos los españoles somos iguales y España está formada por 17 entes autonómicos y/o “nacionalidades” en vez de por 51 provincias, así como que la desigualdad entre los españoles es patente en todos los órdenes.

Considerar que hay libertad de religión y que los católicos no son perseguidos.

Considerar que el español no es nuestra única y verdadera lengua.

Considerar el aborto como un derecho, en vez de un crimen que alcanza proporciones de genocidio.

Considerar la sodomía como práctica sexual normal, en vez de antinatural.

Considerar que el matrimonio no es exclusivo de un hombre y una mujer, y que la familia puede estar constituida de múltiples formas.

Ahora añadan ustedes las que faltan, pues la lista es interminable y, además, seguro que lo hacen mejor que quien esto subscribe.

lunes, 9 de noviembre de 2020

Estado de alarma de seis meses

 

Buenos dias

El Estado de alarma de seis meses que ha impuesto el socialismo contra los españoles  ha degradado el sistema democrático que ha dado paso a un régimen comunista que esta destrozando a toda velocidad España y sometiendo a la sociedad sin que esta haga nada por impedirlo.

 Este informe de Libertad Digital merece ser reproducido, ya que es de los pocos que miran en su conjunto lo que sucede

 

 

https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2020-11-09/estado-de-alarma-control-fiscal-control-medios-de-comunicacion-ataque-al-espanol-la-libertad-y-la-democracia-6678531/

Luis Alberto Quintero


El pasado 25 de octubre, Pedro Sánchez, con los votos de los comunistas, golpistas, separatistas y amigos de los terroristas, además del apoyo de Ciudadanos y la complicidad del Partido Popular, aprobó en el Congreso la declaración de un nuevo estado de alarma por seis meses. El presidente del Gobierno no tendrá que rendir cuentas de la prórroga hasta dentro de dos meses y sin ninguna votación sobre la misma.

La Constitución fija la duración del estado de alarma en quince días, con aval del Congreso de los Diputados, que deberá autorizar una eventual prórroga de otra quincena.

Así lo ha señalado también el Tribunal Constitucional al precisar que la restricción de derechos fundamentales no puede ser un arma incontrolada en manos del Ejecutivo, sino que debe adoptarse por motivos tasados y durante el menor tiempo posible. Pero, tal y como está configurado, este estado de alarma no se podrá levantar, como pronto, hasta el 9 de marzo, tras cuatro meses de prórroga. 

En esta situación, el Gobierno cuenta con seis meses en los que podrá limitar a placer los derechos de movilidad de los ciudadanos, decidir cuántas horas pueden permanecer en la calle, autorizar requisas de bienes, limitar el consumo de productos de primera necesidad o impartir órdenes sobre el abastecimiento de los mercados. En estado de alarma puede prohibir a la gente que salga a la calle bajo amenaza de sanción o intervenir y ocupar de forma transitoria fábricas, industrias, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, eso sí, con la excepción de domicilios privados.

Perseguir a los medios de comunicación

Quizá el principal problema que aqueja España es la gestión de la pandemia que está capitaneando el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias y que en términos relativos es de las peores, si no la peor, del mundo, con el peor balance de muertos por cada 100.000 habitantes, de sanitarios infectados y fallecidos, amén de los peores resultados económicos de los países desarrollados. Y todo eso después de aplicar las medidas más restrictivas de derechos de los países de la OCDE. 

Pero al Gobierno no le gusta que los medios de comunicación pongamos negro sobre blanco este balance, igual que tampoco le gusta que señalemos aquellos países (Corea del Sur o Taiwán), y ahora también regiones (Madrid), que sí están actuando con efectividad contra la pandemia.

Ya se le escapó al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, en una comparecencia en abril, en pleno arresto domiciliario, cuando dijo que el Instituto Armado trabajaba para "minimizar el clima contrario a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno". 

Ahora, ese trabajo que antes se encargó a la Benemérita, ahora se ha consagrado en el BOE sin publicidad, ni control parlamentario. Este pasado jueves, el Ejecutivo de PSOE y Podemos publicaba en el Boletín Oficial del Estado un "procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional". Se hacía mediante una orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Carmen Calvo. 

Ese procedimiento contará con la participación del Consejo de Seguridad Nacional que asiste al presidente del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia CNI o la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno que dirige Miguel Ángel Oliver. 

Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que este plan "es gravísimo y crea un Ministerio de la Verdad". Aunque el Gobierno justifica su orden en un plan de la UE, los expertos jurídicos sostienen que "la evanescencia de la norma, la falta de control al controlador y la falta de concreción en la definición de lo que se considera desinformación por parte del Ejecutivo supone una limitación al derecho fundamental a recibir información veraz que consagra la Constitución en su artículo 20". 

Pero es que estos expertos añadían en LD que "no se deben perseguir las críticas al Ejecutivo o a un partido político ni siquiera cuando esas afirmaciones no sean ciertas, porque para eso están los tribunales de justicia". Tal y como está concebida esta orden "en ella caben muchas cosas. Hay que establecer procedimientos y elaborar regulación muy precisa y clara que indique qué límites no se deben traspasar". 

El "lapsus" del general Santiago en abril, el intento de desacreditar a Libertad Digital y sus informaciones por parte de la Televisión Pública española, o la iniciativa aprobada por Podemos en el Congreso para perseguir las críticas al Gobierno, dan buena cuenta de cuáles son los peligros que esconde esta orden ministerial aprobada sin transparencia ni debate público. 

Sometimiento de la educación

Pero el gusto del Gobierno por sesgar derechos fundamentales y limitar la capacidad de acción de los ciudadanos, saltándose directamente la Constitución, así como la desactivación de los contrapoderes de los que se dota todo Estado de derecho, democrático y de libertades, es apabullante. No sólo se ha dotado de poderes casi ilimitados con un estado de alarma de dudosa legalidad, o ha consagrado en el BOE la persecución a los medios de comunicación libres e independientes, sino que también ha lanzado un torpedo a la línea de flotación de la ya maltrecha educación en España. 

Esta misma semana, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sacado adelante, con el apoyo de PSOE, Podemos y ERC, la enmienda que elimina al español como lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado. 

Otra medida que cercena libertades fundamentales consagradas en la Constitución, que en su artículo 3 lo deja bien claro:"El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla" 

"Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos". 

Pero es que, además, esta ley educativa esconde un feroz ataque a la libertad de elección de la educación por parte de los padres y a una planificación total por parte del Estado de la educación en nuestro país, siendo el Estado y no los ciudadanos los que decidan a qué escuela tiene que ir nuestros hijos. El punto conflictivo está en el artículo 109, que señala a las administraciones como responsables de regular la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados para, dice el texto, "garantizar el derecho a la educación". En realidad, lo que hace es darle plenos poderes a las diferentes consejerías de educación para decidir a qué escuela deben ir los niños, sin tener en cuenta la demanda en centros privados concertados. Dicho de otro modo, aunque alguien quiera llevar a su hijo a un centro privado concertado, su admisión o no ya no dependerá de que sea aceptado por el centro, sino de que a la Consejería de Educación de turno le parezca bien. La norma primará a las escuelas públicas, por lo que condenará a muchos centros privados concertados a perder el concierto y convertirse en colegios privados. 

Terror fiscal

En la deriva totalitaria del Ejecutivo no podía faltar el terror. Y la vía que han encontrado ha sido la fiscal. El Gobierno ha dado un paso más, que supera las advertencias del propio Tribunal Supremo al Fisco sobre su arbitrariedad en la aplicación de la norma fiscal y la indefensión e inseguridad jurídica en la que mantienen a los contribuyentes.Ahora, Hacienda quiere consagrar la inseguridad jurídica que mantiene en el cobro de impuestos a ciudadanos y empresas, sumando la persecución a los contribuyentes en sus propios domicilios.Esta misma semana el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, informó de que están preparando la normativa necesaria para permitir que el Fisco pueda entrar en las casas de los contribuyentes y en las sedes de las empresas sin previo aviso.Control de jueces, policías, espías y fiscales.

A todo esto hay que añadir escándalos que ya arrastramos desde antes de que impactara la pandemia, como colocar en la Fiscalía General del Estado a la que había sido hasta ese momento ministra de Justicia; el descarado intento de controlar los jueces con la renovación del CGPJ, y el cambio normativo para poder aprobar dicha renovación sin mayoría cualificada en el Congreso; la cacicada de Marlaska en la Guardia Civil contra el general Pérez de los Cobos; la normativa de Hacienda para premiar la delación entre los contribuyentes; el establecimiento del delito de conciencia a través del revisionismo histórico de una Ley de Memoria; la peligrosa presencia de Pablo Iglesias en el CNI, y la progresiva transformación del tejido productivo español en una red subsidiada, con la ministra de Trabajo presumiendo de haber llegado en el pico del la pandemia a los 6 millones de subsidios por desempleo. 

Todo lo expuesto anteriormente configura un régimen de retroceso en la conquista de libertades que cada día se parece más al proceso iniciado por Chavez y rematado por Maduro que nuestro vicepresidente Iglesias contribuyó a afianzar en Venezuela. Puede parecer exagerado establecer un paralelismo con el país iberoamericano, pero tampoco allí pensaron que fuera posible acabar en dictadura. Lo que es innegable es que el Ejecutivo español se ha lanzado sin disimulo y con la única oposición frontal de Vox a cercenar derechos y libertades y establecer los sistemas de control necesarios para mantener los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y mediático en el gabinete de Moncloa. Sólo falta que los españoles se conviertan en una masa crítica adormecida y dependiente del subsidio estatal. Vamos camino de ello.