Buenos dias
El Estado de alarma de seis meses que ha impuesto el socialismo contra
los españoles ha degradado el sistema democrático que ha dado paso a un
régimen comunista que esta destrozando a toda velocidad España y sometiendo a
la sociedad sin que esta haga nada por impedirlo.
Este informe de Libertad Digital merece ser reproducido, ya que
es de los pocos que miran en su conjunto lo que sucede
El pasado 25 de
octubre, Pedro Sánchez, con los votos de los comunistas, golpistas,
separatistas y amigos de los terroristas, además del apoyo de Ciudadanos y la
complicidad del Partido Popular, aprobó en el Congreso la declaración de un
nuevo estado de alarma por seis meses. El presidente del Gobierno no tendrá que
rendir cuentas de la prórroga hasta dentro de dos meses y sin ninguna votación
sobre la misma.
La Constitución fija la duración del estado de alarma en quince días, con aval del Congreso de los Diputados, que deberá autorizar una eventual prórroga de otra quincena.
Así lo ha
señalado también el Tribunal Constitucional al precisar que la restricción de
derechos fundamentales no puede ser un arma incontrolada en manos del
Ejecutivo, sino que debe adoptarse por motivos tasados y durante el menor
tiempo posible. Pero, tal y como está configurado, este estado de alarma no se
podrá levantar, como pronto, hasta el 9 de marzo, tras cuatro meses de
prórroga.
En esta situación, el Gobierno cuenta con seis meses en los que podrá limitar a placer los derechos de movilidad de los ciudadanos, decidir cuántas horas pueden permanecer en la calle, autorizar requisas de bienes, limitar el consumo de productos de primera necesidad o impartir órdenes sobre el abastecimiento de los mercados. En estado de alarma puede prohibir a la gente que salga a la calle bajo amenaza de sanción o intervenir y ocupar de forma transitoria fábricas, industrias, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, eso sí, con la excepción de domicilios privados.
Perseguir a los medios de comunicación
Quizá el
principal problema que aqueja España es la gestión de la pandemia que está
capitaneando el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias y que en términos relativos es
de las peores, si no la peor, del mundo, con el peor balance de muertos por
cada 100.000 habitantes, de sanitarios infectados y fallecidos, amén de los
peores resultados económicos de los países desarrollados. Y todo eso después de
aplicar las medidas más restrictivas de derechos de los países de la OCDE.
Pero al Gobierno no le gusta que los medios de comunicación pongamos negro sobre blanco este balance, igual que tampoco le gusta que señalemos aquellos países (Corea del Sur o Taiwán), y ahora también regiones (Madrid), que sí están actuando con efectividad contra la pandemia.
Ya se le escapó
al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago,
en una comparecencia en abril, en pleno arresto domiciliario, cuando dijo que
el Instituto Armado trabajaba para "minimizar el clima contrario a la
gestión de la pandemia por parte del Gobierno".
Ahora, ese
trabajo que antes se encargó a la Benemérita, ahora se ha consagrado en el BOE
sin publicidad, ni control parlamentario. Este pasado jueves, el Ejecutivo de
PSOE y Podemos publicaba en el Boletín Oficial del Estado un
"procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el
Consejo de Seguridad Nacional". Se hacía mediante una orden del Ministerio
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Carmen
Calvo.
Ese
procedimiento contará con la participación del Consejo de Seguridad Nacional
que asiste al presidente del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia CNI o
la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno que dirige Miguel Ángel
Oliver.
Expertos
jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que este plan "es
gravísimo y crea un Ministerio de la Verdad". Aunque el Gobierno justifica
su orden en un plan de la UE, los expertos jurídicos sostienen que "la
evanescencia de la norma, la falta de control al controlador y la falta de
concreción en la definición de lo que se considera desinformación por parte del
Ejecutivo supone una limitación al derecho fundamental a recibir información
veraz que consagra la Constitución en su artículo 20".
Pero es que
estos expertos añadían en LD que "no se deben perseguir las críticas al
Ejecutivo o a un partido político ni siquiera cuando esas afirmaciones no sean
ciertas, porque para eso están los tribunales de justicia". Tal y como
está concebida esta orden "en ella caben muchas cosas. Hay que establecer
procedimientos y elaborar regulación muy precisa y clara que indique qué
límites no se deben traspasar".
El
"lapsus" del general Santiago en abril, el intento de desacreditar a
Libertad Digital y sus informaciones por parte de la Televisión Pública
española, o la iniciativa aprobada por Podemos en el Congreso para perseguir
las críticas al Gobierno, dan buena cuenta de cuáles son los peligros que
esconde esta orden ministerial aprobada sin transparencia ni debate público.
Sometimiento de
la educación
Pero el gusto
del Gobierno por sesgar derechos fundamentales y limitar la capacidad de acción
de los ciudadanos, saltándose directamente la Constitución, así como la
desactivación de los contrapoderes de los que se dota todo Estado de derecho,
democrático y de libertades, es apabullante. No sólo se ha dotado de poderes casi
ilimitados con un estado de alarma de dudosa legalidad, o ha consagrado en el
BOE la persecución a los medios de comunicación libres e independientes, sino
que también ha lanzado un torpedo a la línea de flotación de la ya maltrecha
educación en España.
Esta misma
semana, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sacado adelante, con
el apoyo de PSOE, Podemos y ERC, la enmienda que elimina al español como lengua
vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado.
Otra medida que
cercena libertades fundamentales consagradas en la Constitución, que en su
artículo 3 lo deja bien claro:"El
castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho a usarla"
"Las demás
lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".
Pero es que,
además, esta ley educativa esconde un feroz ataque a la libertad de elección de
la educación por parte de los padres y a una planificación total por parte del
Estado de la educación en nuestro país, siendo el Estado y no los ciudadanos
los que decidan a qué escuela tiene que ir nuestros hijos. El punto conflictivo
está en el artículo 109, que señala a las administraciones como responsables de
regular la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados para,
dice el texto, "garantizar el derecho a la educación". En realidad,
lo que hace es darle plenos poderes a las diferentes consejerías de educación
para decidir a qué escuela deben ir los niños, sin tener en cuenta la demanda
en centros privados concertados. Dicho de otro modo, aunque alguien quiera
llevar a su hijo a un centro privado concertado, su admisión o no ya no
dependerá de que sea aceptado por el centro, sino de que a la Consejería de
Educación de turno le parezca bien. La norma primará a las escuelas públicas,
por lo que condenará a muchos centros privados concertados a perder el
concierto y convertirse en colegios privados.
Terror fiscal
En la deriva
totalitaria del Ejecutivo no podía faltar el terror. Y la vía que han
encontrado ha sido la fiscal. El Gobierno ha dado un paso más, que supera las
advertencias del propio Tribunal Supremo al Fisco sobre su arbitrariedad en la
aplicación de la norma fiscal y la indefensión e inseguridad jurídica en la que
mantienen a los contribuyentes.Ahora, Hacienda quiere consagrar la inseguridad
jurídica que mantiene en el cobro de impuestos a ciudadanos y empresas, sumando
la persecución a los contribuyentes en sus propios domicilios.Esta misma semana el
director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, informó de que están
preparando la normativa necesaria para permitir que el Fisco pueda entrar en
las casas de los contribuyentes y en las sedes de las empresas sin previo
aviso.Control de jueces, policías, espías y fiscales.
A todo esto hay que añadir escándalos que ya arrastramos
desde antes de que impactara la pandemia, como colocar en la Fiscalía General
del Estado a la que había sido hasta ese momento ministra de Justicia; el
descarado intento de controlar los jueces con la renovación del CGPJ, y el
cambio normativo para poder aprobar dicha renovación sin mayoría cualificada en
el Congreso; la cacicada de Marlaska en la Guardia Civil contra el general Pérez
de los Cobos; la normativa de Hacienda para premiar la delación entre los
contribuyentes; el establecimiento del delito de conciencia a través del
revisionismo histórico de una Ley de Memoria; la peligrosa presencia de Pablo
Iglesias en el CNI, y la progresiva transformación del tejido productivo
español en una red subsidiada, con la ministra de Trabajo presumiendo de haber
llegado en el pico del la pandemia a los 6 millones de subsidios por
desempleo.
Todo lo expuesto anteriormente configura un régimen de
retroceso en la conquista de libertades que cada día se parece más al proceso
iniciado por Chavez y rematado por Maduro que nuestro vicepresidente Iglesias
contribuyó a afianzar en Venezuela. Puede parecer exagerado establecer un
paralelismo con el país iberoamericano, pero tampoco allí pensaron que fuera
posible acabar en dictadura. Lo que es innegable es que el Ejecutivo español se
ha lanzado sin disimulo y con la única oposición frontal de Vox a cercenar
derechos y libertades y establecer los sistemas de control necesarios para
mantener los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y mediático en el
gabinete de Moncloa. Sólo falta que los españoles se conviertan en una masa
crítica adormecida y dependiente del subsidio estatal. Vamos camino de ello.
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